El concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Soriano, afirmó ayer que Miguel Zerolo "ha incumplido los dictámenes de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz, al retirar el recurso contra el embargo que el Cabildo de Tenerife ha realizado de los fondos que la ciudad recibe procedentes de la Comunidad autónoma".

Para acreditar dicha afirmación, Soriano ha hecho pública una copia del recurso presentado por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz, en el que se recogen los preceptos legales en los que se basaron los cinco letrados municipales (dos de ellos doctores en Derecho), y que están a las órdenes del titular de dicho órgano, el letrado Carlos de la Concha.

En este sentido, Alfonso Soriano se pregunta "si Miguel Zerolo, en otros asuntos judiciales, también habrá actuado de la misma manera, es decir, haciendo caso omiso a las indicaciones de los Servicios Jurídicos municipales".

"En ese caso -subraya el concejal popular- es evidente que Zerolo ha preferido anteponer los intereses de la ATI a los del pueblo de Santa Cruz, ya que el magnífico equipo de letrados con el que cuenta la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento defendían abiertamente que el Cabildo no puede embargar un dinero de los vecinos santacruceros que procede del Gobierno de Canarias, en el que la Corporación insular actúa como mero intermediario".

Según Soriano, "mientras Ángel Llanos garantizaba el cumplimiento de las obligaciones por parte del ayuntamiento, pero exigiendo que el Cabildo hiciera lo propio con la ciudad, Zerolo, tras echar al PP del gobierno municipal, sencillamente ha buscado el camino más fácil y con menos trabajo, pese a que sea el más perjudicial para los chicharreros".

Recurso de quita y pon

Cabe recordar que el nuevo concejal de Economía y Hacienda, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, confirmó la semana pasada la retirada del recurso que había interpuesto su predecesor en el cargo, Ángel Llanos (PP), contra el Cabildo de Tenerife.

La Corporación insular había embargado 1,4 millones de euros correspondientes al recargo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), algo que según los propios servicios jurídicos del ayuntamiento, tal y como desveló ayer Alfonso Soriano, contemplaba indicios suficientes para justificar la presentación del recurso ahora retirado por CC.