Unos ochenta vecinos del grupo de las 108 viviendas de San Pío, en el distrito Ofra-Costa Sur de Santa Cruz de Tenerife, podrían perder sus casas a consecuencia de un desahucio por morosos. Así lo explicarán hoy en rueda de prensa (11.30 horas, hotel Príncipe Paz) la presidenta de la comunidad de vecinos, Nuria Calduch, y el abogado y representante legal del colectivo vecinal, José Luis Langa.
Ambos informarán sobre la situación actual de esta comunidad de vecinos que en estos momentos adeuda más de 35.000 euros por la falta de pago de las cuotas de más de 80 personas que llevan más de siete años sin pagar y que, de seguir así, podrían ser desahuciados después del verano.
Asimismo, informarán sobre los encuentros que se han llevado a cabo con la Gerencia de Viviendas Municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz, que ha ido prometiendo apoyos que no se han materializado y la comunidad sigue demandando.
Deuda de años
Viviendas Municipales había amenazado ya a principios de junio con desahuciar a los morosos de las 108 viviendas de San Pío, que acogen a más de 400 personas, si no afrontaban el pago de la deuda contraída desde que los pisos, de protección oficial, fueron entregados el 1 de marzo del año 2001.
Calduch explicó en su día que "entre un 70 y un 80 por ciento de los inquilinos no paga nunca. Sólo lo hacen unos treinta, y hay un bloque en el que sólo pagan tres".
Sumando alquiler y comunidad la cantidad mensual a satisfacer es de 36,8 euros. La situación llegó a tal punto que Calduch presentó en enero de este año su dimisión irrevocable como presidenta, producto del hastío por el silencio del ayuntamiento durante los últimos años, pese a ser el propietario. A su dimisión, Calduch acompañó la devolución de las llaves de la comunidad.
Con la entrada de Jesús Villodre como nuevo presidente, Viviendas Municipales informó a la ex presidenta la necesidad de nombrar una nueva junta directiva, lo que se produjo y con Nuria Calduch de nuevo como presidenta.
La nueva situación implicaría una cogestión de la comunidad de vecinos y Viviendas Municipales, en la cual la empresa pública colaboraría para solucionar la problemática en cuanto a alumbrado, sanidad, limpieza y, en general, a los servicios. Porque, además del impago, las 108 viviendas muestran un evidente deterioro en el exterior de los bloques.