El Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, envió el pasado ejercicio un total de 119.180,70 kilos de alimentos básicos a 17 ayuntamientos de Tenerife. Los fondos, procedentes de la cantidad asignada a España por la Comisión Europea en el marco del Programa de Distribución de Alimentos a las Personas más Necesitadas de la Comunidad Europea, fueron distribuidos entre 3.239 beneficiarios, siendo las corporaciones locales las encargadas del reparto en cada uno de los municipios.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) es el encargado de la gestión de los fondos y ha designado a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), a Cáritas y a Cruz Roja Española como entidades encargadas de la distribución de los alimentos para hacerlos llegar a las personas más necesitadas. FESBAL, Cáritas y Cruz Roja Española se encargarán de distribuir estos alimentos durante 2009, a través de una red de 7.300 entidades benéficas distribuidas por toda España, que son las que finalmente harán llegar los alimentos a las personas que, por razones de exclusión económica o social no tienen facilidad de acceso a los mismos, ya sea de forma temporal o de manera continuada.

Los recursos asignados para el Plan 2009 comenzarán a distribuirse en las próximas fechas, siendo el del Puerto de la Cruz, tal y como informó este periódico en su edición del pasado 10 de junio, el primer ayuntamiento solicitante de esta ayuda que ya ha recibido 26.000 kilos de alimentos básicos para su distribución.

Entre los alimentos de los que se hace entrega están determinados productos lácteos como quesos, leche, natillas y batidos, zumos de frutas, derivados de cereales, así como distintos tipos de pasta alimenticia, galletas y cereales de desayuno, además de arroz, azúcar y alimentos destinados a la población infantil como papillas de cereales y leche de continuación. En total, algo más de 40 millones de kilos de alimentos a nivel estatal que se pondrán gratuitamente a disposición de las personas más necesitadas. Los alimentos están valorados en casi 62 millones de euros y serán adquiridos en el mercado en el marco de un procedimiento de licitación abierta que se encuentra en curso.

Está previsto que el reparto de alimentos se lleve a cabo en cuatro fases a lo largo del presente año. En esta primera fase se van a distribuir unos 15 millones de kilos de alimentos en toda España, de los cuales a finales de marzo ya se hizo una entrega anticipada de 2,2 millones de litros de leche. Las próximas fases tendrán lugar en los meses de junio, septiembre y noviembre.

Importancia social

La diputada del PSC-PSOE, Gloria Rivero, destaca la gran importancia social de este fondo ya que esta ayuda va dirigida a individuos o grupos familiares especialmente vulnerables, como son grupos familiares con niños y/o ancianos a su cargo, familias monoparentales, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo o incursas en toxicomanías o sida, menores en situación de desamparo, mujeres maltratadas, minorías étnicas, inmigrantes, refugiados, asilados, exreclusos y ancianos perceptores de las pensiones más bajas. Se estima en torno a un millón de personas el número de beneficiarios finales.

Las entidades benéficas que podrán recibir alimentos de este programa comprenden un amplio abanico de organizaciones, que van desde organizaciones religiosas, comedores, pisos de acogida, servicios sociales o residencias, llegando a colectivos que van desde personas sin hogar, drogodependientes, inmigrantes, mujeres maltratadas, parados de larga duración y, en definitiva, personas que sufren algún tipo de exclusión y que como consecuencia de ella tienen un acceso limitado a los alimentos.

Los alimentos que se distribuirán en el marco de este programa son productos de primera calidad, pertenecientes a las primeras marcas comerciales de los fabricantes. Este Plan de ayuda alimentaria es una iniciativa de la UE, financiada con fondos comunitarios dentro de la Política Agrícola Común, que viene desarrollándose desde hace más de 20 años y que destina los recursos financieros a los estados miembros que lo hayan solicitado.