El Ayuntamiento de Santa Cruz le ha plantado cara al Cabildo de Tenerife en su intención de reclamarle a la corporación local más de 1 millón de euros por el recargo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), pues según anunció ayer el concejal de Economía y Hacienda, Ángel LLanos (PP), "le hemos presentado una demanda, por la vía contencioso-administrativa, por la decisión unilateral de embargar los recursos del REF de mayo".
Llanos señala que la corporación insular considera que el ayuntamiento no transfirió el recargo del IAE desde el año 2000 a 2006, pero señaló que "con posterioridad se realizan compensaciones con los impuestos que debe la corporación insular a la local". En este sentido, el edil popular discrepó del cálculo que ha realizado la corporación supramunicipal, gobernada por CC y PP, pues dijo que "son erróneos, ya que, según la estimación de la Hacienda municipal, la deuda del Cabildo al ayuntamiento, sin contar el tranvía, es de 1.468.000 euros y no los 4,3 millones que nos reclaman".
El edil de Hacienda le recriminó al Cabildo que utilice "el doble rasero", pues señaló que "ha puesto el grito en el cielo cuando el Gobierno regional pretendía reducir de los recursos del REF la merma de la recaudación a lo largo de tres años, y al ayuntamiento le pretendía aplicar un plazo de tres meses". Llanos dijo que "hemos demostrado fehacientemente que estaban cometiendo un error y que el Cabildo no tiene derecho a quitarle a esta ciudad el dinero de una recaudación que nos corresponde". Por ello, indicó que se le reclama al TSJC que suspenda la medida y que "entre en el fondo de la cuestión para que determine la deuda".
Amparo en la Fecam
Además, el edil popular indicó que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha pedido amparo a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), porque "no es de recibo que los cabildos, que son meros intermediarios en los recursos del REF, los utilicen para dar estabilidad a sus tesorerías, asfixiando a la de los ayuntamientos".
El anuncio del recurso presentado por Llanos ha cogido con el pie cambiado a los administradores de las cuentas del Cabildo. De ahí la sorpresa con que se refirió el consejero insular de Presidencia y Hacienda, Víctor Pérez, a que este asunto se haya hecho público por parte del concejal de Hacienda.
Pérez, que enfatizó que su único fin era precisar lo dicho por el primer teniente de alcalde y que el Cabildo no tenía ningún interés en hacer pública esta discrepancia, declaró que los 1.468.000 euros a los que hace referencia su antiguo colega en la Corporación insular se trata de recursos del Cabildo, correspondientes al recargo del IAE, que, por ley, los ayuntamientos deben ingresar en las cuentas del Cabildo anualmente, establecido así desde 1992.
El consejero insular hizo hincapié en que todos los ayuntamientos están cumpliendo con la norma salvo Santa Cruz desde 2002. "Es el único de la Isla que no da cumplimiento a esta obligación, todos los demás están cumpliendo porque es un imperativo legal", recriminó Pérez.
De hecho, las cantidades acumuladas desde 2002 a 2006 suman los 4,3 millones de euros que el consistorio capitalino debería haber pagado a la Corporación insular, impago que ha colmado la paciencia de la Administración insular. "Al Cabildo no le ha quedado más remedio, ante la reiterada negativa del concejal de Hacienda a cumplir con lo que dice la ley, que hacer uso de un convenio de 1999 para compensar esa deuda", explica el consejero insular, quien, además, detalla que, en este caso, ni siquiera se puede hablar de deuda sino "de algo mucho más grave porque estamos hablando de recursos del Cabildo, que, una vez recaudados por el ayuntamiento, se niega a transferirlos".
De esta manera, Víctor Pérez mostró su asombro por la decisión tomada desde el ayuntamiento, algo que vinculó o a "un desconocimiento de las obligaciones" o a "una temeridad sorprendente". "Desconozco si el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz está mal asesorada, pero, desde luego, este tema es de una claridad meridiana", observó, al tiempo que llegó a calificar como una "imprudencia" la actitud del concejal de Hacienda, "máxime cuando se trata de un incumplimiento claro, patente y evidente de su área".
La demanda anunciada ayer por Ángel Llanos se trata de un recurso al decreto del presidente insular por el que retiene lo adeudado durante los meses de mayo, julio, agosto y octubre, lo que representa la cuarta parte de la deuda total.