Desde que el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza, anunciara el comienzo de las obras del puerto industrial de Granadilla para hoy o, como muy tarde, a lo largo del fin de semana, son muchas las voces vinculadas a círculos ecologistas, pero también a los grupos políticos que forman parte del espectro de la izquierda ideológica, las que retoman con nuevos bríos la batalla contra una obra que muchos consideran ilegal y otros, pese a que la creen necesaria, opinan que no se ha cumplido a rajatabla con la normativa medioambiental.
De esta forma, la formación de izquierda que forma parte del tripartito en el Ayuntamiento de Granadilla junto con CC y PP habla de un "fraude a la ciencia" y desmonta las estimaciones de creación de empleo que daba la Autoridad Portuaria y que hablaba de cerca de 600 nuevos puestos de trabajo. Según denuncian, el Estudio de Seguridad y Salud del puerto de Granadilla refleja que sólo 45 personas trabajarán en las obras de construcción del dique de abrigo.
Por su parte, Izquierda Unida Canaria (IUC) considera que el inicio anunciado de las obras del puerto de Granadilla podría vulnerar la Directiva Hábitats y conllevar la supresión de financiación europea para tal infraestructura. La formación de izquierdas recuerda que la Comisión Europea descartó la ampliación del muelle de Santa Cruz, como alternativa al de Granadilla, basándose en informes incorrectos de las autoridades españolas. En esos informes, se descartó la ampliación del muelle santacrucero por los perjuicios que ocasionaría a los vecinos, la inexistencia de canteras en las proximidades y la imposibilidad de tener el tamaño necesario.
También el PSC ha recriminado la "chapuza" que supone la descatalogación de los sebadales y condicionó el comienzo de las obras al estricto cumplimiento de la legislación ambiental que el Gobierno canario "ha vulnerado".