Todo el gasto financiero de los ejercicios 2007 y 2008 correspondiente a la prestación del servicio urbano de transporte público que realiza la compañía Transportes Interurbanos de Tenerife SA (Titsa), empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, en la ciudad de Santa Cruz, lo ha tenido que adelantar Titsa, es decir, la Corporación insular. Esa cantidad es cercana al 90% de los 18 millones de euros que adeuda el consistorio de la capital a la compañía que presta el servicio.

Desde el Cabildo de Tenerife aseguran que la situación no puede seguir así y, por ello, se tienen todas las esperanzas puestas en el nuevo contrato-programa que articule las reglas de la prestación del servicio de transporte público en la ciudad.

El coordinador general de Movilidad y Seguridad del Cabildo, Manuel Ortega, asegura que el Ayuntamiento de Santa Cruz reconoce, "aunque sea de manera implícita", la obligación de pagar la deuda pese a que el ayuntamiento interpreta que gran parte de esos cerca de 18 millones de euros no son exigibles ahora, sino más adelante, dado que el convenio con el que contrató a Titsa para realizar el servicio urbano (que data de 1998 y que ha venido renovándose de manera tácita a lo largo de estos años) contemplaba el pago del servicio en un lapso de tiempo de hasta dos años después de realizado.

Sin embargo, Ortega cree que, si bien hace diez años los importes permitían este tipo de interpretaciones "porque en 1998 se hablaba de unos 3 millones de euros anuales", diez años después las cantidades son demasiado importantes como para seguir con este planteamiento.

Por ello, el Cabildo plantea una liquidación trimestral, "más lógica y coherente" e igual a la que el propio Cabildo establece con Titsa. "Estamos a la espera de que el ayuntamiento acepte nuestra oferta de contrato-programa para el transporte urbano de los próximos cuatro años y esperamos que lo acepte en breves semanas", explica Ortega, quien aclara que sus declaraciones deben ser entendidas desde la dimensión de que el Cabildo es propietario de Titsa, ya que la Corporación insular no es competente en transporte urbano.

El nuevo contrato-programa se basa en establecer un sistema de pago del transporte público urbano más eficiente del que actualmente existe y que supondrá ahorros al Ayuntamiento de Santa Cruz y la obligación de que Titsa sea más eficiente ya que, de lo contrario, el Cabildo deberá asumir los costes. Esta idea, cuyo nombre específico es el de "contrato de tarifa técnica por coste objetivo", no consiste simplemente en pagar el déficit, sino en el cumplimiento de unos ratios de eficiencia por parte de Titsa a los que deberá atenerse.

Manuel Ortega reconoce que el ayuntamiento "nos ha apretado las tuercas" para que Titsa sea más eficiente y precisamente eso es lo que busca el nuevo contrato-programa, pero lo que "sí exigimos es que nos paguen con regularidad para evitar lastrar a Titsa con una deuda que no se puede asumir si se perpetúa en el tiempo porque ningún operador puede cobrar a dos años vista", reitera Ortega.

Pese a todo, el coordinador general de Movilidad quiso aclarar que esta forma de pago se ejecuta de esta forma en base a un concurso que tuvo lógica en su día.

Las canceladoras traseras necesitan inspectores

El coordinador general de Movilidad y Seguridad, Manuel Ortega, detalló que se ha estado realizando una experiencia piloto en algunas guaguas de las líneas interurbanas 014 y 015 basada en la instalación de canceladoras en las puertas traseras con el objetivo de ganar en velocidad comercial. Sin embargo, reconoció que para que este sistema funcione se necesita el establecimiento previo de la tarjeta con chip y el incremento del número de inspectores de Titsa, ya que en la actualidad el control del pasaje se ejerce desde la puerta de entrada por el propio conductor. "Lo que no se puede hacer es abrir todas las puertas para que los usuarios cancelen el bono sin ningún tipo de control ya sea automático o presencial", reconoce Ortega. Por ello, desde el área de Movilidad se plantea que Titsa se acerque al modelo del tranvía, que es capaz de chequear un 20% de los pasajeros, para poner en marcha esta medida. Así, la apertura de las puertas traseras para agilizar la carga y ganar en velocidad comercial al estar menos tiempo en la parada estará condicionada a la creación de más inspectores, que irán uniformados, y de la tarjeta con chip.