La residencia de mayores emplazada en la urbanización Brillasol, de Candelaria, "cuenta con las autorizaciones correspondientes", siendo la controversia direccionada a la determinación de si la actividad es o no clasificada o inocua. Iniciados dos procesos administrativos al respecto, "no existe resolución firme o ejecutiva alguna".

La representante de la empresa que gestiona el centro también explica que la demanda interpuesta por la comunidad de propietarios Urbanización Brillasol (que pide su cierre) "está pendiente de audiencia previa y de vista". Aclara que los Estatutos que se esgrimen para justificar tal acción judicial -con la excusa de que impiden la realización de cualquier actividad comercial en la zona (aunque sí la hubo y la hay, apunta)-, "no están inscritos en el Registro de la Propiedad de los mismos".

Frente a las argumentadas (por la comunidad de propietarios) molestias que ocasionaría la residencia de mayores -aumentaría el aforo de la piscina, "cuando siquiera es utilizada", o la incomodidad propia de ancianos en sus jardines y zonas comunes, "de los cuales no hacen uso"-, expone como "un acto de absoluta transparencia" haber invitado a los vecinos a la inauguración del centro "a los fines de que conozcan de su propia mano las instalaciones y la inocuidad de la actividad".

Definida la misma como "transparente y pacífica", asegura que "no existen molestias ni ruidos y los ancianos que reciben cuidados son tratados con exquisito cariño", hasta el punto de que "las ambulancias que transportan a algunos de ellos no pueden hacer uso de sirenas o efectos luminosos". Además, la entrada y la salida de los ancianos "es escalonada y pacífica y, para mayor abundamiento, algunos vecinos de la zona tienen a sus mayores en esta residencia".

La Consejería de Política Social del Gobierno canario ordenó realizar algunas mejoras que se acometen "dentro del plazo otorgado".

Para la representante de la empresa que gestiona la residencia de mayores de Brillasol, "la persona o personas que estén detrás lo que pretenden no es otra cosa que dañar la buena imagen del centro, creando confusión e inestabilidad entre los usuarios y sus familiares, con el consiguiente daño moral y económico".