La Sección Quinta de la Audiencia Provincial estimó íntegramente el recurso interpuesto por la Fiscalía y, parcialmente, el de Alternativa Sí se Puede (SsP) contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Granadilla de Abona que, en sus diligencias previas, prácticamente archivó provisionalmente una "macrocausa" contra el gobierno municipal del mandato 2003-2007, formado por la mayoría absoluta del PSC-PSOE y con Jaime González Cejas como alcalde, cuyos recursos de apelación son desestimados.
El procedimiento judicial comenzó en 2006, a raíz de una denuncia presentada por Coalición Canaria (CC) contra la Junta de Gobierno Local de Granadilla de Abona del periodo 2003-2007, a cuyos integrantes acusó de supuestos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En el auto emitido por la Audiencia Provincial el 27 de noviembre se alude a indicios de la "posible comisión de los delitos de" prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
La Junta de Gobierno Local que aparece encausada estaba integrada por Jaime González, como alcalde, y los concejales Fidel Rodríguez, Nicolás Jorge, Ana Casimiro, Ana Esther Flores, Alfonso Delgado y Rufino Acosta. Asimismo, aparece como investigado José Antonio González, además de la entonces arquitecta municipal Nayra Guzmán Hernández.
La concesión de tres licencias de obra a Inversiones Costa Atlántica, a la que estaba vinculado Fidel Rodríguez Gaspar siendo concejal de Hacienda y primer teniente de alcalde; otorgar cuatro licencias a Vimédano, empresa que adquirió otra de la que el alcalde y concejal de Urbanismo, Jaime González, tenía acciones por valor de 13.222 euros que vendió por 220.000; la aprobación del plan parcial Médano Park, del que se beneficiaba la empresa (vendida después) en cuyo accionariado figuraba el alcalde y edil de Urbanismo; la instalación de la infraestructura necesaria para la implantación de la TDT; la licencia para instalar 130 placas fotovoltaicas, más otras 70 en una segunda fase, en suelo del ITER (Polígono Industrial de Granadilla), así como la adjudicación de contratos y la concesión de subvenciones en Cultura son los asuntos investigados y que motivan esta medida judicial.
Ahora toca a los abogados plantear las acusaciones que consideren y a la Audiencia emitir un auto en el que proceda a declarar (o no) la apertura de juicio oral.
En el actual gobierno municipal de Granadilla de Abona figuran tres de los que aparecen investigados en este auto: Jaime González Cejas (alcalde), Ana Esther Flores Ventura (segunda teniente de alcalde y concejal del Área Social, Promoción e Integración Social , Igualdad, Tercera Edad y Vivienda) y Nicolás Jorge (cuarto teniente de alcalde y edil de Régimen Interno, Personal, Seguridad y Emergencias, Transportes, Comunicación y Relaciones Institucionales). Los mismos renunciarán a sus actas.