El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Güímar decretó el embargo de bienes a cuatro de los cinco propietarios de las extracciones de áridos clausuradas en Güímar al no haber depositado estos las fianzas impuestas ante el inicio, el próximo 15 de enero, del juicio oral por un presunto delito ecológico.
El juez embarga bienes (seis vehículos, once inmuebles y las retribuciones que percibe de Promotora Punta Larga) a Antonio Ramón Plasencia Santos, cuya fianza asciende a 66.422.000,46 euros; a José Enrique Morales Rodríguez le embargan preventivamente las retribuciones, siendo su fianza de 62.936.683,02 euros; a Francisco Javier del Rosario Fuentes, al que le impusieron una fianza de 69.580.175,58 euros, le embargan las retribuciones que percibe de Áridos del Atlántico, S.L., un vehículo y el 50% de un inmueble; y a Pedro Sicilia Delgado, con una fianza de 39.064.485,65 euros, el juez le embarga tres inmuebles, un vehículo y la pensión.
El abogado de la acusación, Carlos Álvarez, estudia pedir la "insuficiencia" por entender que lo embargado no suma las cantidades impuestas como fianzas ni garantiza la responsabilidad civil, teniendo en cuenta que estos embargos se basan en las averiguaciones realizadas por el juez.
Solo la quinta propiedad, correspondiente a los herederos de Fulgencio Díaz, el empresario fallecido, se libra de esta medida por el momento.
La sala 12 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife albergará, desde las 9:45 horas del 15 de enero hasta el 29 de febrero (fecha señalada para pronunciar las conclusiones), el juicio contra los empresarios titulares de las empresas que extrajeron árido de los barrancos de Güímar durante, al menos, 17 años. Se enfrentan a una pena de cuatro años de prisión, entre otras cosas.