Los vecinos de Bajo la Cuesta han solicitado formalmente al Ayuntamiento de Candelaria una copia del expediente referido al último requerimiento a los propietarios del talud y comunicado su interés en personarse en el mismo como interesados.
Un particular y la compañía Endesa son los dueños del talud, del que los informes técnicos de que dispone la corporación afirman que hay riesgo de desprendimientos. La población afectada sigue sin tener conocimiento de que el gobierno municipal haya requerido a los mismos el arreglo de esa zona, un hecho que motivó una denuncia de los vecinos contra la alcaldesa por presunta prevaricación.
Cabe recordar que la Alcaldía aseguró que sí ha requerido a ambos titulares el arreglo del talud, algo que para los vecinos "es insuficiente" si no tienen constatación documental.
Bajo la Cuesta es un barrio formado por 46 viviendas (53 si se suman las del Paso la Soga, zona anexa a este lugar) construidas partiendo de las cuevas allí existentes. Afectado por la aplicación de la Ley de Costas en lo que se refiere a la recuperación posesoria del espacio marítimo-terrestre, esta población está a la espera de que se resuelva el conflicto judicial emprendido contra el Gobierno central por la pretendida demolición de este lugar, emplazado en las inmediaciones de la central eléctrica de Las Caletillas.
Mientras tanto, ya expiró el plazo de cinco días dado a los afectados en el último decreto (comenzaron a recibirlo el pasado día 6) para el desalojo voluntario y provisional de las casas. Ninguno de los vecinos ha abandonado su casa ni piensa hacerlo.
La alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, explicó recientemente que mantiene la medida cautelar al no existir un contrainforme que garantice la inexistencia de riesgo de desprendimiento en la zona.