La Fiscalía General del Estado, atendiendo a la actuación realizada por el Defensor del Pueblo, está investigando la acción policial llevada a cabo por efectivos del Grupo de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Playa de las Américas (CNP) en la que, presuntamente, se incautaron de documentación, material informático, efectos, bonos y facturación pendiente por valor de cinco millones de euros.
El empresario afectado y denunciante, R.G.E.M., presentó una querella criminal por apropiación indebida durante el registro de tres locales de su propiedad ocurrido el 8 de agosto de 2011. En su denuncia, afirma que la operación se realizó "sin la presencia del secretario judicial ni del querellante, llevándose todo lo que quisieron sin ningún control, disponiendo, utilizando y manipulando dichos enseres".
De hecho, el empresario reclama la devolución de todo lo que fue retirado de las instalaciones registradas, algo que no ha sido tampoco depositado en el juzgado en las reiteradas ocasiones que ha sido reclamado por la autoridad correspondiente. La Secretaría del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona, que tiene abierta diligencias previas por este asunto, certificó que el equipamiento informático que se le iba a entregar en el acto a R.G.E.M. se encontraba "visiblemente manipulado, estando algunos de ellos vacíos (solo la carcasa del ordenador) y solo en uno hay un disco duro de arranque".
De ello queda constancia en los procesos habidos tras la intervención policial de los locales. Es más, el denunciante señala que la propia Fiscalía provincial tenía conocimiento de estos extremos tanto por la certificación que emitió la Secretaría judicial como porque no se opuso a que le fueran entregados los documentos incautados.
Además, en las diligencias se especifica que el material informático incautado en los registros mencionados estaba siendo utilizado en las dependencias policiales "sin permiso del juez", por lo que previamente "tuvieron que abrirlos y manipularlos". En dichas diligencias tampoco hay constancia acerca de "qué garantías procesales se tomaron ni, tampoco, de la orden judicial para hacerlo".