Esteban González, primer teniente de alcalde y presidente del Partido Popular (PP) en Granadilla de Abona, no baraja romper el pacto de gobierno que mantiene su partido con el PSC-PSOE en el municipio aunque el alcalde socialista, Jaime González Cejas, continúe imputado por presunta prevaricación. El también responsable de Hacienda entiende que lo que procede es "seguir trabajando para completar los proyectos que tenemos en marcha en lo que queda de mandato".

Todo hacía presagiar la instauración de la tensión entre los socios de gobierno en Granadilla de Abona después de que el regidor diera a conocer que el juez que completó la instrucción de un caso contra él y el resto de la Junta de Gobierno Local del periodo 2003-2007, surgido en el mandato anterior por denuncia del gobierno local de entonces (CC, PP y SsP), ha visto indicios de criminalidad en una reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada por los denunciantes. En la misma participó el propio Esteban González y otros concejales de CC y PP. El acuerdo que llamó la atención del juez fue la concesión de una licencia en un expediente "heredado" de la gestión del PSOE para ser subsanado.

Si en el PP de Granadilla de Abona expresan tranquilidad, no así en Sí se Puede. De hecho, su concejal llegó a afirmar ayer, en un comunicado oficial, que "en el caso se recogen diversas irregularidades de todo tipo que han dado como resultado la apertura de juicio oral y la posibilidad, tal como están las imputaciones en la actualidad, a que los afectados queden inhabilitados para cargo público entre 7 y 10 años".

En el auto emitido por el juez José Pablo Carrera Fernández el pasado día 3 no hay referencia alguna a la apertura de juicio oral, sino a que confirma el inicio el procedimiento abreviado.

El juez redujo las denuncias por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación ciñéndola a esta última, imputando por ello a 15 personas, entre los que están los políticos Jaime González, Fidel Rodríguez, Alfonso Delgado, José Antonio González, Ana Casimiro, Nicolás Jorge, Rufino Acosta y Ana Esther Flores. El resto son o fueron técnicos del ayuntamiento.

El caso, iniciado en 2006, pasa a la Audiencia Provincial, que determinará lo que proceda (cabe el juicio oral o el archivo, entre otras posibilidades) ciñendo el problema a la autorización de 10 cuartos lavaderos en Los Martínez (El Médano), "con informe jurídico favorable y en base a las normas subsidiarias vigentes en el momento de iniciar el expediente"; la autorización de garajes "que no coinciden con el número de viviendas de la edificación", y la instalación de la TDT, "que sí tenía expediente".