La construcción de la piscina municipal cubierta de Güímar data de junio de 2010. Realizada con una inversión de unos 2,6 millones de euros, las instalaciones llegaron a prestar servicio a más de 2.000 personas. Sin embargo, en el momento del cierre apenas superaba la cifra de mil usuarios.
De la indignación inicial, los usuarios han pasado a la acción reclamando las cantidades que pagaron por una prestación a la que no pueden acceder desde el día 9 del pasado mes de septiembre, cuando la empresa concesionaria así lo decidió debido a una avería y a la falta de determinados permisos.
Los usuarios han buscado alternativas a estas instalaciones, especialmente trasladándose hacia el Sur de la Isla. Se da la circunstancia de que el cierre supuso "un quebranto importante para nosotros porque esta piscina prestaba servicio no solo a los güimareros, sino a toda la comarca".
El ayuntamiento comenzó el proceso para intervenir este servicio y proceder a su rescate, si bien el asunto "requiere de medidas legales que es preciso abordar con detenimiento".
Precisamente esa situación es la que hace que desde la representación política se advierta de que "el cierre puede prolongarse un tiempo indeseado" (hay que apunta a más de medio año), mientras que entre los usuarios habituales prolifera la opinión (expresada a través de las redes sociales) de que "hay que buscar alternativas. Es una pena que tengamos esas instalaciones y ahora volvamos a emigrar para tener ese servicio". La situación es harto complicada para todas las partes, sobre para el ciudadano.