El Parlamento de Canarias admitió a trámite la proposición de ley sobre la ordenación de los barrancos de Güímar y la restauración de este espacio, afectado por la extracción de áridos durante medio siglo, impulsada por el Cabildo a propuesta de su presidente, Carlos Alonso.
El mismo destaca que este trámite es "un paso importante" que permitirá avanzar hacia una solución definitiva para este ámbito, "tal y como vienen reclamando los ciudadanos desde hace ya mucho tiempo". En este sentido, la propuesta del Cabildo, cuyas líneas maestras fueron aprobadas por el Pleno de la corporación, gira en torno a tres premisas fundamentales, "como son la prohibición de extracción de áridos en todo el ámbito, la restauración del paisaje y la canalización del barranco", detalla Carlos Alonso.
La iniciativa que propone el Cabildo prohíbe expresamente cualquier extracción minera, salvo las que sean estrictamente necesarias para llevar a cabo labores de restauración en el interior del espacio, y recoge una nueva recategorización del suelo, que pasaría de ser suelo de protección minera a rústico de protección ambiental.
Precisamente, la recuperación de todo el ámbito se diseñaría a través de un plan de restauración ambiental concreto que prestaría una atención preferente a las infraestructuras hidrológicas que afectan al espacio.
La consejera insular de Planificación, Pino de León, explica que el Cabildo liderará "la búsqueda de la solución definitiva para los barrancos de Güímar y, para ello, explicaremos nuestra propuesta a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias y al propio Gobierno autónomo".
Consenso necesario
La búsqueda de consenso con el Parlamento y el Ejecutivo regional es "necesario" para "la ordenación integral y la restauración ambiental y paisajística de todo el ámbito desde el rigor y conforme al ordenamiento jurídico vigente". Lo dice la consejera insular Pino de León. La extracción de áridos constituye una actividad controvertida y conflictiva desde hace décadas. Distintas administraciones públicas, entre ellas el Cabildo, han trabajado en instrumentos de ordenación para conciliar los usos mineros y extractivos con la defensa del medio ambiente.