El propietario de las dos empresas que ha trabajado para el Ayuntamiento de Candelaria y que fue objeto de la polémica en el pasado pleno rechaza las acusaciones realizadas por grupos de la oposición en el transcurso de dicha sesión. En este sentido, asegura, en un comunicado, que sus empresas “jamás han tenido trato de favor ni se han beneficiado de ningún tipo de ventaja, actuando siempre con la legalidad vigente”.
Manifiesta que tampoco ha cobrado 500.000 euros y “todas las operaciones que estas empresas han realizado con el ayuntamiento durante más de 4 años están fehacientemente documentadas y declaradas en sus correspondientes contratos, concursos o adjudicaciones”, así como “declaradas oficialmente”.
Añade que sus compañías “están legalmente establecidas y poseen las acreditaciones legales correspondientes para ejercitar sus actividades (...) y para suministrar y realizar cualquier tipo de trabajo o prestación de servicios”.
Ante la situación, ha hecho llegar cartas a los grupos de CC y Sí se Puede donde les ofrece “todas las facturas, recibos y cobros” de la actividad de sus negocios, así como que se pone a la “disposición de la Fiscalía o cualquier organismo de control”.