El número de vecinos de Vilaflor que pidieron ayuda al Estado por las afecciones del incendio del pasado mes de agosto y que han visto cómo el Ministerio del Interior les deniega cualquier indemnización asciende a 26, según los datos aportados ayer a EL DÍA por el ayuntamiento. No obstante, la cifra podría ser aún mayor si alguno prefirió reivindicar el respaldo estatal por su cuenta y sin aprovechar la mediación municipal, si bien los técnicos casi descartan esta opción. De esos 28 residentes, ocho pidieron ayudas no solo por afecciones a sus cultivos, sino porque los helicópteros desplazados para apagar las llamas, que amenazaron durante muchas horas diversas zonas del casco, utilizaron sus estanques para repostar. El problema es que, aparte de perder un agua que pagaron a precios elevados, muchos vieron cómo las hélices de los aparatos les causaban daños en sus cultivos o en los terrenos, que luego tuvieron que reponer.
El alcalde califica de atropello el rechazo del Gobierno central a indemnizar a los vecinos
Los 18 restantes reivindicaron apoyo por las afecciones a sus cultivos. Sin embargo, la dirección de Protección Civil argumenta que no se le pidió su intervención por las llamas, por lo que rechaza las peticiones, que no vinieron avaladas por un certificado que demostrase lo ocurrido en un incendio cuyas competencias siempre fueron de la Comunidad, pese al refuerzo de hidroaviones y personal del Ejército. Ante esa respuesta del Gobierno central, el alcalde, Manuel Fumero, indicó ayer a este periódico que ha pedido un informe a los asesores jurídicos locales para comprobar si el ayuntamiento puede recurrir o apoyar a los vecinos en los recursos que deja el Ministerio como posibilidad. A su juicio, lo ocurrido es un claro "atropello y tropelía que no hay que consentir".