El grupo de gobierno de Arona, de CC, ha rechazado hoy con el apoyo del Centro de Arona (CAN) el cese del alcalde del municipio, José Alberto González Reverón, antes de que la oposición (PP, PSOE y Ciudadanos por Arona) abandonase el pleno al considerar que dicho cese no debía someterse a votación.

El pleno estuvo presidido por el concejal de Turismo, Francisco Niño, quien pidió "civismo" a un grupo de vecinos que increpaban a la oposición para debatir dicho cese.

Reverón ha sido condenado a cuatro años de inhabilitación como cargo público por contratar a dos trabajadoras del Ayuntamiento sin los procedimientos establecidos.

Sobre este sentencia, ya recurrida por el alcalde, se ha apoyado en los últimos meses la oposición (PSOE, PP y Ciudadanos por Arona) para pedir que Reverón no siga en su puesto.

Un informe elaborado por la Secretaría General de Arona a petición de la oposición basándose en la Ley Electoral (Loreg), pedía al pleno que la corporación tomase conocimiento de los hechos para el cese del primer edil.

El gobierno municipal ha entendido que el informe de la Secretaría no es vinculante y ha elaborado un dictamen, aprobado también por votación el pasado pleno del 30 de octubre, que permitió la continuidad del político nacionalista.

Antonio Sosa, portavoz del la corporación aronera, calificó este asunto de "pataleta" e insistió en votar la propuesta que había pedido la oposición.

A juicio de Sosa, dar cuenta sin votar de este acuerdo "sería contradictorio" al haberse discutido en la sesión plenaria del 30 de octubre.

Dionisio Rocha, edil del Partido Popular, dijo que el informe de la secretaria y un doble dictamen de la Junta Electoral resuelve que el pleno solo puede tomar conocimiento del cese del alcalde, tras la sentencia del 28 de junio.

Jose Julián Mena, portavoz del PSOE explicó que la sentencia condenatoria ya se ha tomado en conocimiento al menos en dos ocasiones y hoy lo hacemos formalmente donde no cabe votación alguna", a lo que Sosa respondió que la Junta electoral ha dejado claro que no es competente en temas de incompatibilidad y remitió al pleno esta decisión.

Se refirió al informe de la secretaria como "preceptivo pero no vinculante", un documento que "merece todos los respetos, pero no estamos vulnerando ninguna normativa", expuso el portavoz del gobierno.