El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) del municipio de Arona sigue generando inquietud tanto al sector empresarial como a particulares, a pesar de que el mismo se encuentra en vigor desde hace unos meses.

De hecho, quienes se consideran perjudicados y agraviados por el PGO continúan presentando sus denuncias ante los Juzgados para que sean éstos los que dictamen si el procedimiento se llevó a cabo en base a la normativa vigente.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado trámite a dos nuevos recursos contra la resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio del pasado 15 de julio, fecha cuando se hacía público el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) del 19 de mayo de 2011 sobre la aprobación definitiva y de forma parcial del planeamiento aronero, pendiente de la "subsanación de determinadas deficiencias", según anunció ayer el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Con las nuevas denuncias, una interpuesta por un privado y otra de una sociedad anónima, ya el TSJC ha admitido más de una docena de recursos contra el PGO del citado municipio sureño.

Expediente ya remitido

En el anuncio del BOC, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Ejecutivo regional comunica a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que el expediente administrativo del planeamiento urbanístico de Arona "ya fue remitido" por las actuaciones anteriores al 5 de mayo de 2008 y por el "procedimiento" posterior a esa misma fecha.

Además, da un plazo de nueve días para que el Ayuntamiento aronero y el Cabildo de Tenerife, en las figuras de sus máximos responsables, "si a su derecho conviene, comparezcan y se personen" en el TSJC ante los nuevos recursos interpuestos.

Cabe recordar que a las denuncias de particulares y empresarios que está admitiendo el TSJC se suma la del abogado Felipe Campos, quien ha solicitado la suspensión cautelar del citado planeamiento urbanístico.

El letrado de la acusación del denominado caso Arona presentó el correspondiente recurso a la totalidad del PGO al considerar que es "un compendio de irregularidades".

El nuevo planeamiento que está en vigor "se trata de una planificación urbanística insostenible desde el punto de vista legal", señaló el abogado.

Campos sostiene que "gracias a las denuncias han caído pelotazos urbanísticos, como el relativo a construcciones en El Fraile por contravenir el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), o donde escuchas del caso Arona vinculaban" a políticos y promotores confabulando "para un megapelotazo en el Mirador de las Águilas".

El letrado añadió que en el nuevo Plan General "se mantienen otros dos sectores que vulneran el PIOT. En concreto, en Guargacho, donde un suelo rústico en explotación fue recalificado, y en un sector de Guaza".