El alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, ha advertido hoy de que si no se reactivan las ayudas de la prestación canaria de inserción, las familias afectadas pueden sufrir cortes de luz y de agua o afrontar desahucios y el embargo de sus casas.

Así lo ha indicado el alcalde en una carta que ha dirigido a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y en la que transmite su preocupación por la demora del ingreso y la paralización de los expedientes de la prestación canaria de inserción por parte de la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias.

José Gumersindo García ha señalado que de continuar los retrasos, las familias que tienen derecho a percibir esta ayuda pueden sufrir cortes de suministro eléctrico o de abastecimiento de agua "e incluso verse abocadas a desahucios o al embargo de sus casas, al no poder hacer frente a las rentas de alquiler o cuotas hipotecarias a las que están obligados.

El alcalde afirma que en el caso de Candelaria son 27 las familias que tienen derecho a la prestación canaria de inserción y que la dejarán de percibir hasta enero de 2012, algo que ocurre en el resto de los municipios canarios y que puede "traer enormes dificultades" a los perceptores de dichas ayudas.

Para el alcalde, la atención a este colectivo, que puede aumentar con el paso de las semanas debido a la situación económica, debe "ser objeto de atención preferente por parte de las administraciones públicas" tal y como se estable en la ley reguladora de la prestación canaria de inserción.

Por ello en la carta solicita que la Fecam realice cuantas gestiones sean necesarias ante el Gobierno de Canarias para que active la resolución de las ayudas económicas de la prestación canaria y así evitar que se agrave la exclusión social "de los más desfavorecidos".

En el caso de que no fuera posible resolver y abonar inmediatamente las prestaciones, García pide a la Consejería competente que realice gestiones con entidades bancarias a fin de que éstas puedan anticipar las cantidades debidas a las familias con derecho a la ayuda.

De esta manera la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias podría garantizar el pago y asumir los intereses que se deriven del abono anticipado de las ayudas.