Alternativa Sí se Puede por Tenerife ha asegurado a través de una nota de prensa que los acusados del denominado Caso Arona llevan gastados unos 150.000 euros de las arcas públicas para poder financiar su defensa.
En la asamblea abierta del Comité Local de Alternativa Sí se Puede en Arona, celebrada este sábado, se aprobó una declaración en la que se exige que se deje de pagar el sueldo a los ediles de la actual Junta de Gobierno en ese Ayuntamiento procesados por el Caso Arona. Entre los mismos se encuentra el propio alcalde, José Alberto González Reverón, al que se le imputan un delito de prevaricación urbanística continuada, otro delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias, y que el pasado año, según Sí se Puede, pagó unos 60.000 euros en su defensa.
Durante la asamblea que Sí se Puede celebró en la Plaza de La Paz de Arona también se denunció el pago con fondos públicos de la defensa jurídica de toda la Junta de Gobierno anterior y del propio alcalde. Según el secretario del Comité Local de la organización ecosocialista, Julio Concepción, "es absolutamente injustificable que unos responsables políticos utilicen dinero de las arcas municipales para el pago de sus letrados".
Alternativa Sí se Puede ha detallado que en septiembre de 2010 la Junta Local aprobó el gasto de 81.900 euros para las defensas de Manuel Reverón González (CC, acusado de prevaricación y tráfico de influencias); Clara María Pérez (CC. Prevaricación y tráfico de influencias); Antonio Luis Sosa (CC. Portavoz del grupo municipal de este partido, acusado de un delito de prevaricación y tráfico de influencias, y otro delito de malversación de caudales públicos), y María Candelaria Padrón (CC, Prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de denunciar delitos). También Manuel Barrios, de Centro de Arona (CAN-CCN), exconcejal de Urbanismo ha utilizado los fondos públicos para pagar a sus abogados, agregó la organización.
Sí se Puede también ha censurado en la asamblea de este sábado "el silencio cómplice de todas las formaciones políticas en relación a uno de los casos de corrupción política más sonados del Estado". En opinión de Julio Concepción, "la gravedad del asunto requiere de una pronunciación ante los medios de comunicación social y ante los ciudadanos, lo que no han hecho ni CC, ni PP ni CAN. Y aunque sea porque hay un consejero procesado (José Luis Delgado), el PSOE también debería pronunciarse".
Concepción ha asegurado que en su formación no se explica "cómo la dirección de Coalición Canaria y su presidente, Paulino Rivero, no se han pronunciado ante los nuevos acontecimientos judiciales, tomando medidas en el asunto, demostrando un importante grado de complicidad con los imputados".