El estudio geotécnico sobre la situación en la que se encuentra la zona de Los Barrancos de Güímar, a la altura del enclave conocido por Santa Lucía, comenzó a ser elaborado ayer. El objetivo es determinar la seguridad de este entorno del que fueron desalojadas ocho personas que residen allí permanentemente en dos casas porque estas fueron afectadas por la caída de grandes piedras durante la madrugada del domingo pasado.
Una pareja, un matrimonio con sus tres hijos y un señor han sido realojados por el Ayuntamiento güimarero en un hotel rural del municipio, ya que son las únicas personas que viven en este sitio de Santa Lucía. Las 18 casas restantes que configuran la zona afectada por el derrumbe son viviendas de segunda ocupación.
El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, alabó ayer la excelente respuesta y la colaboración de este grupo de vecinos "que en todo momento de la intervención que fue necesario mostraron una actitud muy pacífica".
Solución alternativa
El regente güimarero espera obtener una respuesta "a la mayor brevedad de tiempo posible" teniendo en cuenta que el consistorio asume el realojo de estos vecinos. En el caso de que el estudio geotécnico desaconseje el retorno de los vecinos a sus casas, "intervendremos ante la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias para tratar de encontrar una alternativa ya que la disponibilidad económica de este ayuntamiento hace muy difícil afrontar esa situación".
Santa Lucía es uno de los núcleos que pertenecen a la zona litoral de la comarca de Agache y que, consecuentemente, está sujeta a los expedientes de recuperación posesoria del espacio de dominio público marítimo-terrestre por parte de la Dirección General de la Sostenibilidad y del Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Una empresa especializada está llevando a cabo el estudio geotécnico encargado por el gobierno municipal en funciones y que también tiene por objetivo conocer si existen más zonas sensibles a posibles desprendimientos.
El alcalde, Rafael Yanes, trasladó su preocupación al subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Batista, y al ingeniero jefe del Servicio Provincial de Costas, Carlos González, con quienes estudió la situación de la zona afectada.