La posible vulneración de la Ley de Incompatibilidad del concejal de Transporte de Granadilla de Abona, Juan José González Donate, por contar con dos licencias de autotaxi, una en el municipio sureño y otra en la ciudad de La Laguna, y compaginarla con la actividad de edil liberado en el consistorio ha terminado en la Fiscalía.

Pedro Pérez, asesor técnico de Transportes de la Unión General de Trabajadores (UGT), ha presentado un escrito a la alcaldesa granadillera, Carmen Nieves Gaspar Rivero, en la que le advierte de que el "Real Decreto 763/79 de 16 de marzo sobre tenencia de licencia municipal de taxi establece que toda persona titular de una licencia de taxi tendrá la obligación de explotarla personal y conjuntamente mediante la contratación de conductores asalariados (…) en régimen de plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra profesión. Cuando no pueda cumplirse dicha obligación procederá a la transmisibilidad de las licencias o su renuncia".

En base a la normativa, "no le queda más remedio" a la presidenta de la Corporación local granadillera que "abrir una investigación sobre lo denunciado", señala el sindicalista.

En el Código Penal

El asesor técnico de UGT advierte a la alcaldesa de que de "no tomar decisiones a sabiendas y seguir manteniendo la licencia" 97 a nombre del edil del grupo de gobierno, podría estar incurriendo la máxima mandataria "en un presunto delito de prevaricación, de acuerdo al artículo 406 del Código Penal".

Asimismo, Pedro Pérez advierte a la nacionalista de que el sindicato solicitará a la Fiscalía "la apertura de una investigación exhaustiva de los hechos denunciados", con el objetivo de que dicho órgano actúe en consecuencia y depure responsabilidades en este polémico asunto.

Cabe recordar que la supuesta vulneración de la Ley de Incompatibilidad del concejal de Transportes, Juan José González Donate, dada a conocer en EL DÍA, ha puesto en aprietos a la alcaldesa de Granadilla de Abona, Carmen Nieves Gaspar, a preguntas de la oposición en el último pleno.

De hecho, en dicha sesión los socialistas granadilleros solicitaron al secretario de la corporación local, funcionario habilitado, que informase sobre la controversia que se ha generado por este asunto. Sin embargo, la mandataria municipal se negó a ello e impidió la intervención del trabajador del ayuntamiento.

La reacción de la oposición no se hizo esperar y consideró que la alcaldesa estaba "intentando ocultar información o encubriendo a su compañero nacionalista y responsable del área de Transporte".

Otra de las medidas exigidas por los concejales socialistas, ante la actitud de Gaspar Rivero, ha sido la apertura de "expediente disciplinario" contra este mismo edil por ostentar dos licencias de taxi, incumpliendo la normativa municipal.

Aunque este periódico lo intentó, no fue posible conocer la opinión que tiene el grupo de gobierno sobre este asunto.