La pretensión del gobierno municipal de Candelaria de que el personal funcionario y laboral del ayuntamiento realice 37,5 horas de trabajo cada semana en lugar de las 35 que hace actualmente de octubre a junio y las 30 horas semanales de julio a septiembre, lo que implicaría unas 150 horas de trabajo más al año, está generando muchas discrepancias entre la Junta de Personal y el grupo gobernante que preside José Gumersindo García. De hecho, fuentes de la Junta de Personal trasladaron ayer su malestar porque con este planteamiento "tratan de hacernos pasar por vagos ante la opinión pública".
Aunque de momento no tienen prevista la convocatoria de medidas de presión, desde la Junta de Personal se manifiesta el temor a que "la mesa de negociación se convierta finalmente en una mesa de imposición", ya que entienden que las autoridades municipales "parten de la base de que las 35 horas que realizamos a la semana implican una ilegalidad".
Las fuentes consultadas exponen que esa jornada laboral es producto "de las negociaciones habidas durante años para los distintos convenios, en los que también se recogen una serie de derechos (plan de pensiones, el seguro médico privado y las ayudas sociales para adquisición de gafas) que también pretenden retirarnos desde el gobierno municipal".
La jornada semanal de 37,5 horas, reducir gastos laborales que no son obligatorios y completar los salarios con retribuciones por cumplimiento de objetivos para todos los laborales y funcionarios son los aspectos básicos de la propuesta formulada por el gobierno local de Candelaria en la Mesa General de Negociación.
El alcalde, José Gumersindo García, defendió en su día que, en la situación actual, los beneficios sociales de quienes cobran un sueldo del erario público no pueden ser sufragados por "personas que, a veces, no tienen trabajo pero pagan su IBI, su basura y su rodaje".