Se trataba de dar cuenta al Pleno, pero la liquidación del presupuesto del año pasado centró gran parte del debate y la polémica en de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento de Adeje ayer. PP y CC centraron sus intervenciones en resaltar que la gestión de los socialistas ha contribuido a que la corporación acumule 28,4 millones de euros en deudas pendientes de cobrar. En el ejercicio de 2009 esa cuantía es de 13,6 millones, mientras que los 14,8 restantes se corresponden con años anteriores.

Tanto Andrés Montiel (PP) como Alfredo Goñi (CC) reprocharon al grupo de gobierno su incapacidad para materializar una política de cobro eficaz aclarando que el hecho de que se alcance en torno al 80% en ese capítulo se debe, esencialmente, a que las transferencias que realizan las administraciones supramunicipales son elevadas, "pero la parte que tienen que gestionar ustedes no llega al 70%". La consecuencia de todo ello es que "tiramos a la papelera muchos millones cada año". A ello suman el hecho de que "este ayuntamiento debe unos 14 millones a los proveedores".

Con ello se referían a las cantidades pendientes de cobro por el consistorio, que sólo en el presupuesto de 2009 fue de 5,1 millones de euros.

Carmen Nieves Rodríguez, que actuó de portavoz en este punto del orden del día, se limitó a manifestar que "la liquidación está bien", porque así lo refleja el informe de Intervención.

La subida de los impuestos y tasas municipales para el año 2011 volvió a enfrentar a gobierno y oposición durante el pleno que presidió Gonzalo Delgado ante la ausencia del alcalde, José Miguel Rodríguez, y dos concejales más del gobierno local.

El IBI o contribución baja el tipo de gravamen en 20 centésimas y el 3,6% en el recibo final, según los socialistas, aunque CC y PP dijeron que realmente el vecinos pagará entre un 6% y un 8% más.

La tasa del abastecimiento de agua y red de saneamiento aumentará un 2% como consecuencia del incremento del coste de la energía para el aumento del bombeo y de la desalación.

La oposición defendió que lo procedente era bajar el precio de estos servicios, mientras que el grupo de gobierno aseguró que mantendrá su política en esta materia.