El Juzgado, número 2 de Güímar (Tenerife), ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones y el archivo de la causa abierta por los conocidos como ''Convenios de la Cuarta Planta'' en donde se acusaba a dirigentes del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Candelaria de prevaricación administrativa, según ha informado la corporación en un comunicado.

La Fiscalía abrió diligencias informativas en abril de 2008 -- tras una denuncia anónima-- un procedimiento en el que se imputó al concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, un presunto delito de prevaricación administrativa que ahora se ha archivado. En estos dos años se ha pedido en varias ocasiones documentación al Ayuntamiento de Candelaria e incluso se ha llamado a declarar tanto al concejal de Urbanismo como a varios técnicos municipales y promotores firmantes de los convenios.

Los convenios de la cuarta planta, ha recordado el Ayuntamiento, fueron aprobados en base a la Ley de Directrices del Parlamento de Canarias, tienen el visto bueno del Pleno del Ayuntamiento, están propuestos dentro del Plan General y fueron sometidos a exposición pública, contando, además, con los preceptivos informes jurídicos y técnicos, siendo aprobados por la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias (Cotmac), formada por técnicos y cargos políticos de Política Territorial y del Cabildo de Tenerife.

El Ayuntamiento, en su momento, explicó que una planta "se entiende que esa planta tiene que estar techada, y cuando son dos también, y así sucesivamente, de manera que cuando se autorizan 4 plantas, ésta tiene que estar también techada, porque si no, serían 3 plantas y una azotea, y los retranqueos deben aplicarse teniendo en cuenta este criterio".

"Estos convenios que han permitido que el Ayuntamiento haya ingresado más de 4 millones de euros, a fecha de hoy, que se están destinando a equipamientos e infraestructuras en el municipio", según apuntó Ramos. Además, el archivo de la causa ha demostrado que el procedimiento llevado a cabo por el concejal se ha ajustado a derecho y es lícito.

"En este sentido, el Ayuntamiento no ha hecho más que utilizar una herramienta urbanística para obtener ingresos para el beneficio de los ciudadanos de Candelaria", concluye la corporación.