La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia favorable al Ayuntamiento de Güímar (Tenerife) por el que se mantiene el deslinde marítimo-terrestre de 20 metros en La Caleta y Punta Prieta, en el litoral de Agache, contradiciendo así la orden del Ministerio de Medio Ambiente, que obligaba al deslinde de 100 metros.

El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, la primera teniente de alcalde, Luisa Castro, los concejales Juan Delgado y Carmen Cabrera, así como el abogado que ha llevado el caso, Antonio García, comparecieron en rueda de prensa para dar a conocer la tercera sentencia que vuelve confirmar que el litoral de Agache es urbano, tal y como lo establece el Plan General de Ordenación, aprobado en 2005 y que contó con el informe favorable de la Dirección General de Costas.

El alcalde señaló que esta sentencia "confirma que cuando entró en vigor la Ley de Costas en 1988, los núcleos de La Caleta y Punta Prieta ya tenían la consideración de urbanos, por lo que la anchura de la servidumbre de protección debe continuar establecida en los 20 metros como aseguraba el Ayuntamiento y no en 100 metros, tal y como pretendió la Dirección General de Costas con tres Resoluciones publicadas en 2006 y que contradicen a la propia Dirección General, que había informado favorablemente en tres ocasiones".

Yanes añade que la resolución judicial "determina que los documentos presentados por el Ayuntamiento de Güímar demuestran la validez de los informes presentados por el consistorio y en los que se indica que la Dirección General de Costas informó favorablemente, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, para que en dicha zona se mantuviera la servidumbre de 20 metros".

Con esta nueva sentencia, el Ayuntamiento gana en la Audiencia Nacional que los núcleos del Litoral de Agache, es decir, El Tablado, La Puente, La Caleta y Punta Prieta son urbanos.

Por último, el alcalde anunció que el próximo martes se reunirá con el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Fragueiro, y el día 8 de junio con la directora general de costas, Alicia Paz Antolín, para pedirles que, dados los argumentos de la Audiencia Nacional, retire los recursos ante el Supremo contra estas tres sentencias.