Jean-Gaston Bernard Renard, acusado de blanqueo en el juicio por la quiebra de Fórum Filatélico, ha defendido hoy la legalidad de una operación inmobiliaria en Tenerife que, según sostiene la Fiscalía, le costó a la sociedad filatélica cerca de 15 millones de euros.
Renard, de nacionalidad francesa y fundador del despacho Insad, especializado en constitución y administración fiduciaria de sociedades y que cuenta con oficinas abiertas en Suiza, Estados Unidos, Canadá y Panamá, ha declarado hoy ante la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Para él, la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel y multa de 150 millones de euros por haber ejecutado "complejísimas operaciones financieras" con las que Fórum financiaba operaciones inmobiliarias en detrimento de sus propios inversores, ya que los fondos terminaban en cuentas de Renard y otros acusados.
Sin embargo, durante su declaración Renard ha reconocido su firma en diversos documentos y ha defendido la legalidad de un desarrollo inmobiliario en Santa Cruz de Tenerife, Puerto Marítimo Anaga, que según él "se ajustaba perfectamente a las legislaciones suiza y canadiense".
Junto con el también acusado Jean-François Saint-Laurent, Renard intervino en la constitución y apertura de cuentas de varias sociedades incluidas en la red de proveedores de Fórum, a través de las cuales se desviaron los fondos de sus inversores.
Saint-Laurent, con tres pasaportes canadienses, está también acusado de blanqueo y la petición de la Fiscalía se eleva a 4 años de cárcel y 150 millones de euros de multa.
Entre estas sociedades destacan varias -Primadart, Primadart Corp y Hureges (Canadá), Millenium Trade (Florida, EEUU), Reiko (Panamá), y Towsley World (Islas Vírgenes Británicas)-, que eran propiedad de Jesús Sánchez Rodríguez, que ya declaró la semana pasada acusado de blanqueo y para el que se piden 4 años de cárcel y una multa de 124 millones de euros.
En concreto, Renard y Saint-Laurent coordinaron el traspaso de acciones de la sociedad Parque Marítimo Anaga y sortearon la obligación de que la sociedad no se transfiriera en más de un 50 % a personas distintas de las que habían obtenido la autorización.
La adquisición se produjo entre 2002 y 2005 mediante una compleja interposición de sociedades, de manera que primero Puerto Marítimo Anaga pasó a situarse bajo la titularidad de sociedades pantalla de Carlos Llorca Rodríguez, acusado en la causa pero huido a Venezuela, y después se transmitió a Grupo Unido, filial de Fórum, que fue finalmente la que financió la operación.
Puerto Marítimo Anaga era titular desde el 26 de febrero de 2002 de una concesión administrativa para construir y explotar un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife, concesión que estaba condicionada a que la sociedad no se transmitiera en más del 50 % a otras personas.
Los fondos detraídos a Fórum en esta operación fueron transferidos a cuentas de Saint-Laurent y Renard, según el fiscal.