Diego Cruz Alonso, el mexicano de 21 años detenido en Madrid como uno de los miembros de "Los Porkys de Costa de Oro", se ha negado hoy a ser extraditado a su país porque la acusación de violar a una menor responde a una "elaborada extorsión" del padre de la chica, que los secuestró y les pidió 4 millones.

Durante la vista de extradición celebrada esta mañana en la Audiencia Nacional, Cruz Alonso ha leído un papel y ha explicado cómo el padre de la menor les sacó un arma, les amenazó de muerte, les pidió el dinero a cambio de no denunciarles y les obligó a grabar un vídeo disculpándose por una violación de la que se ha declarado "cien por cien inocente".

La supuesta agresión a una menor de 17 años ocurrió en enero de 2015 en Veracruz -no se denunció hasta mayo- y el joven, que según su defensa tiene nacionalidad española, se inscribió en noviembre de ese año en un curso de la Universidad Europea de Madrid, a donde se trasladó en marzo de 2016, lo que para la Fiscalía española, que ha apoyado la extradición, supuso una huida de la justicia mexicana.

Cruz Alonso ha calificado de "mentiras" las acusaciones contra él y ha indicado que el padre de la víctima espió durante varias semanas a los jóvenes acusados de la violación en grupo (de familias adineradas) para luego extorsionarlos valiéndose de un "socio" que les citó en su despacho, llamado Ricardo Fernández.

Ese día, ha relatado que el padre apareció en el despacho, que estaba cerrado por "tres códigos" de acceso, y les dijo que si no depositaban 4 millones (no ha especificado de qué moneda), los iba a demandar y los mataría "a todos".

Después, les obligó a grabar un mensaje de disculpa: "No hubo otra opción más que disculparse de algo que nunca sucedió".

La violación, ha opinado, tuvo mucho eco en los medios mexicanos porque era época electoral y su difusión fue financiada "por el mismo gobierno" para "distraer a la ciudadanía" de lo que "sucede en México: lamentablemente muertes, asesinatos, secuestros, extorsiones, pobreza y muchas injusticias más".

"Todos lo políticos corruptos -ha dicho -temían ellos ir a prisión por todas las irregularidades de todo lo que han robado, y por ello financiaron el escándalo mediático".

Días antes y después de la reunión, los jóvenes detectaron en sus casas "coches con gente muy extraña, se notaba que eran criminales", que pretendían intimidarles y que tuvieran "aún mucho más miedo"

"Jamás me fugué cuando, absolutamente sin ninguna orden de búsqueda y captura de nada, vine a Madrid a realizar un curso académico en finanzas", ha relatado.

Por ello, ha deseado quedarse en su "madre patria España", un país "del primer mundo" que "no se dejará influenciar por nada" y le "juzgará justamente" hasta reconocer su inocencia.

"Soy una persona que jamás ha cometido delito alguno y amo a mi familia más que cualquier cosa en mi vida, y eso es lo que me ha dado la fuerza para seguir luchando en esta gran injusticia, ya que soy completamente inocente de las difamaciones. Muchas gracias su señoría", ha acabado de leer entre lágrimas.

La fiscal española ha apoyado la entrega del joven afirmando que no le constaba que tuviera la nacionalidad española y que "no cabe hablar de una persecución de carácter político".

Ha afirmado que se cumplen todos los requisitos para la extradición y que su salida de México, un año y dos meses después de la agresión, tenía como fin "eludir sus responsabilidades en México".

También ha hablado en la vista un miembro de la Procuraduría General de México, quien ha secundado los argumentos de la fiscal y ha recalcado que tampoco le consta que sea español y que, aún de ser cierto, debería ser extraditado porque hay precedentes.

El abogado del joven ha explicado que solicitó el pasaporte español en 2009, con 14 años, porque ya entonces tenía intención de desarrollar su carrera de finanzas en España, y ha acudido a declarar ante la justicia mexicana las cuatro veces que ha sido citado.

Cruz Alonso fue detenido el pasado 10 de junio en Madrid acusado de "pederastia tumultuaria", ya que la agresión sexual fue cometida junto a más personas, por lo que se enfrentaría a una pena de entre 12 y 40 años de prisión, según la legislación mexicana.

Es el segundo de los presuntos autores de esta agresión que ha podido ser arrestado, ya que en mayo lo fue en México otro de los sospechosos: Enrique Capitaine.