Cuatro reclusos murieron y una mujer embarazada perdió a su bebé durante un enfrentamiento a tiros dentro de una cárcel del centro de Bolivia entre bandas de bolivianos y extranjeros que pugnan por el control de la prisión, informaron hoy fuentes oficiales.

El enfrentamiento se produjo anoche en la cárcel de El Abra de la ciudad de Cochabamba, cuando se produjo un apagón en mitad de una fiesta dedicada a la Virgen de Urkupiña, la patrona de la ciudad.

El jefe de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Denis Mejía, dijo a los medios que los reclusos de El Abra se enfrentaron a tiros, mientras que la oficina del Defensor del Pueblo en esa región confirmó que murieron cuatro personas y otras once resultaron heridas, entre ellos dos mujeres.

Una de las heridas es una mujer embarazada de cuatro meses que estaba de visita en la cárcel para asistir a la fiesta y que perdió al bebé al ser alcanzada por uno de los disparos, según explicaron fuentes médicas.

Los cuatro presos fallecidos son bolivianos y entre ellos figura Sergio Arce Aranibar, alias "Lucifer", preso en Bolivia desde el 2008 acusado de homicidio, tras ser deportado desde Estados Unidos, donde fue vinculado con la banda Mara Salvatrucha.

Arce Aranibar era, según las autoridades, líder de una de las facciones de reos enfrentadas dentro de El Abra y llevaba en el cuerpo los tatuajes típicos de los miembros de la citada pandilla centroamericana.

El director del Instituto de Investigaciones Forenses, Andrés Flores, indicó que dos personas fallecieron por disparos de arma de fuego y dos por armas "punzo cortantes" y múltiples golpes.

En el lugar de la reyerta se encontraron "las vainas de los proyectiles, las armas punzo cortantes y objetos contundentes utilizados", señaló el forense.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, aseguró en una conferencia de prensa que su institución está muy conmovida "por lo sucedido" y avanzó que investigarán cómo se produjo un enfrentamiento en medio de una fiesta.

Villena considero que una celebración dentro de la penitenciaría supone "una situación irregular".

Además, la prensa boliviana destacó hoy que, tras el incidente, se produjo la evacuación de mujeres y menores que se encontraban dentro de El Abra durante la fiesta.

Esa cárcel tiene categoría de penal de alta seguridad, por lo que está prohibido que a su interior accedan mujeres y niños, a diferencia de otras cárceles bolivianas de "régimen abierto" en las que los reos pueden convivir con sus familias.

El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, anunció en un comunicado que se formará una comisión de fiscales para la investigación penal de lo sucedido en El Abra.

Según la Fiscalía de Cochabamba, todos los reos fueron trasladados al patio del penal "y existe una tensa calma por el momento" en el centro, que fue ocupado por centenares de policías que tomaron el control.

El ministro de Gobierno (Interior), Jorge Pérez, y los altos jefes policiales realizaron una inspección de la penitenciaría y tienen previsto ofrecer un informe detallado en las próximas horas.

Esta es la segunda reyerta mortal por pugnas de poder entre reclusos que tiene lugar en una cárcel boliviana en trece meses.

En agosto del 2013, 35 personas murieron, entre ellas tres extranjeros y un niño de 18 meses, durante un enfrentamiento en el penal de Palmasola de la ciudad oriental de Santa Cruz.

La semana pasada, la Justicia boliviana condenó a 30 años de prisión a tres de los reos implicados en esa reyerta, durante la cual se originó un incendio por la explosión de bombonas de gas.

De los reos fallecidos en Palmasola hace un año, sólo dos tenían una sentencia firme, mientras que el resto se encontraba en detención preventiva a la espera de juicio o sentencia.

El hacinamiento y los enfrentamientos entre internos son los principales males endémicos del sistema carcelario boliviano, una saturación a la que contribuye también la lentitud de la justicia en el país andino, que provoca que un gran porcentaje de los presos permanezca años en prisión sin una sentencia firme.

Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno que preside Evo Morales decretó en 2012 y 2013 dos indultos masivos para presos con delitos menores, aunque la medida de gracia no ha logrado los resultados esperados.