El fiscal y las dos acusaciones particulares del "caso Kárate" demandan 1.538.000 de euros en indemnizaciones a los cuatro imputados en el juicio por corrupción de menores y abusos sexuales que ha arrancado hoy en la Audiencia de Las Palmas, como compensación a 38 de las víctimas.

La Fiscalía y la acusación ejercida por el letrado José María Palomino, que representa a 25 de las víctimas, solicitan que Fernando Torres Baena, principal acusado y dueño de la academia de kárate de Las Palmas de Gran Canaria de la que eran alumnos las víctimas, indemnice con un total de 579.000 euros a los 38 afectados.

A la acusada María José González, le exigen una indemnización de 552.000 para 23 de las víctimas, mientras que a la imputada Ivonne González le solicitan 322.000 euros para 18 de las víctimas, y al procesado Juan Luis Benítez, el único que está en libertad, le demandan 37.000 euros.

Además, la acusación particular ejercida por el letrado Pedro Padilla, que representa a una víctima, reclama a Torres Baena 18.000 euros por los daños causados a su cliente.

El procesado Juan Luis Benítez, que se enfrenta a 18 años de prisión, según la petición del fiscal y 20 si prospera la de la acusación particular ejercida por Palomino, está acusado de tres delitos de abuso sexual, dos de ellos continuados.

Los otros acusados se enfrentan a penas que llegan a los 302 años de prisión en el caso de Torres Baena, a quien el fiscal le imputa 36 delitos de abuso sexual, 13 de corrupción de menores y uno de tenencia ilícita de armas, si bien la acusación ejercida por Palomino eleva la petición de cárcel a 312 años.

Para la acusada María José González, el fiscal pide 154 años de prisión por 20 delitos de abusos sexuales y cuatro de corrupción de menores, una condena que la acusación ejercida por Palomino elevada a 164 años y 6 meses de cárcel.

En el caso de Ivonne González, la pena solicitada por el Ministerio Público es de 146 años por 19 delitos de abusos sexuales y cuatro de corrupción de menores, y por la acusación particular, que agrupa a la mayoría de las víctimas, es de 150 años y seis meses de prisión.

Para los cuatro acusados, se reclaman además como penas accesorias la inhabilitación especial para la docencia y enseñanza de artes marciales o cualquier tipo de disciplina deportiva durante el tiempo idéntico al cumplimiento de las penas privativas de libertad, y se solicita la prohibición de acercarse a las víctimas.