El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga tiene previsto juzgar este jueves día 1 de diciembre a exediles de la localidad malagueña de Marbella por dar licencia al proyecto básico y al de ejecución para la construcción de más viviendas de las supuestamente permitidas. Además del exalcalde marbellí Julián Muñoz, están acusados exconcejales que formaron parte del gobierno tripartito, como la entonces socialista Isabel García Marcos.
En total son 12 los acusados. Así, el fiscal señala en su escrito inicial que los que integraban la comisión de gobierno de abril de 2002 "acordaron por unanimidad otorgar licencia de obras al proyecto básico", presentado por el grupo inmobiliario Magenta, para la construcción de 20 viviendas adosadas; mientras que otros procesados dieron permiso para el proyecto de ejecución en marzo de 2004.
Así, los ocho primeros acusados son Julián Muñoz, Rafael González, Marisa Alcalá, José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García, Tomás Reñones y Javier Lendínez. Éstos ya se han acogido al acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía de Medio Ambiente, por el que se fijaba un año de prisión para los ediles de la primera Corporación del GIL --1995-1999-- y de nueve meses para los de la segunda --1999-2003--.
Los cuatro últimos procesados, que para la acusación pública aprobaron el proyecto de ejecución, son, además de García Marcos, José Jaén, María del Carmen Revilla y Pedro Pérez. Excepto estos cuatro acusados y Lendínez, que está en situación de rebeldía, el resto ha estado en prisión cumpliendo condena por delitos urbanísticos.
Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el terreno al que se refería las licencias pertenece al sector de suelo urbanizable programado Trapiche y están calificados de unifamiliar adosada, señala la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press y en las que se indica que, no obstante, la normativa urbanística de Marbella requería la previa tramitación de un estudio detalle.
Dicho estudio cuenta con aprobación inicial de febrero de 2002, "pero sin desarrollar en sus determinaciones", indica la acusación pública, por lo que el proyecto presenta, dice el fiscal, "un exceso" de edificabilidad, ya que se proyectan 2.447 metros cuadrados, "siendo la edificabilidad máxima de 841 metros cuadrados" y proyectándose 20 viviendas "cuando el número máximo es de cinco", por lo que excede en 15 unidades.
Así, el ministerio público les acusa a todos de un delito de prevaricación urbanística y pide un año de cárcel y 10 de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Muñoz, González, Alcalá, García Marcos, Jaén, Revilla y Pedro Pérez; mientras que solicita nueve meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para Troyano, Fernández Garrosa, García Muñoz, Reñones y Lendínez.