El fiscal de la "Operación Karlos" ha explicado hoy que el inspector médico Francisco Casto Pérez, para quien solicita nueve años de prisión, tuvo la conducta más reprochable dentro de la trama para obtener pensiones de incapacidad fraudulentas ya que su trabajo era evitar estas conductas.

Durante tres horas, el fiscal Juan Bosco ha hecho público hoy, en una de las últimas sesiones del juicio de la "Operación Karlos" que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz, sus alegatos sobre el caso, que tiene entre sus 25 acusados a la esposa del torero Jesús Janeiro "Jesulín de Ubrique", María José Campanario, y su madre, Remedios Torres.

Ambas están acusadas de pagar 18.000 euros a la red que tenía como cabecilla al exjefe de la Policía Municipal de Ubrique Carlos Carretero, para conseguir una pensión de incapacidad para Remedios Torres, unos hechos por los que el fiscal pedía para ambas en sus conclusiones provisionales cuatro años y medio de prisión y que ha rebajado finalmente a dos años y nueve meses de cárcel.

El fiscal también ha reducido su petición de condena para el resto de los acusados, en el caso del "cabecilla" de la red, Carlos Carretero, de diez años de prisión a cuatro, y en el del inspector médico, de diez a nueve años.

En las explicaciones que ha dado hoy, el fiscal Juan Bosco ha justificado la rebaja de condena en que el daño a la Seguridad Social se ha "reparado" porque se ha evitado "que los imputados sigan cobrando" y en que la mayoría de ellos, salvo Campanario, su madre y Casto, han reconocido los hechos, con lo que se da "una satisfacción pública".

El fiscal ha argumentado además que los imputados están "sufriendo" debido a la presión a la que está sometido el caso, sin citar expresamente a los medios de comunicación y especialmente a los programas del "corazón" que han seguido y siguen el asunto.

Sin embargo, el fiscal ha sido más duro con el inspector médico, que se encargó supuestamente de gestionar las incapacidades laborales apoyándose en informes ficticios, ya que, según ha dicho, "ha traicionado" su labor porque "él tenía que evitar, debido a su profesión, que se cumpliera un fraude" y lo ha hecho "para su beneficio y el de Carlos Carretero".

Sobre María José Campanario y su madre, el fiscal ha asegurado que "es falso" lo que ambas han mantenido en el juicio, que creían que estaban tramitando una revisión de la minusvalía del 53 por ciento que Remedios Torres tenía desde 2003 y por la que no recibe ninguna prestación económica.

El fiscal ha asegurado que ambas tenían "pleno conocimiento" de que lo que buscaban era una incapacidad laboral y ha destacado que "choca" que si Remedios Torres intentaba una revisión de su caso lo hiciera en Cádiz, y no en Castellón, donde ella reside y donde le fue tramitada su minusvalía, y que pagaran por conseguirlo 18.000 euros para seguir un expediente que es "gratuito".

Además, el ministerio fiscal ha avalado de nuevo las principales pruebas del caso, las escuchas telefónicas, cuya legalidad continúa siendo cuestionada por los abogados de Campanario, Remedios Torres y Casto.

Según el fiscal, estas conversaciones son valiosas debido a su "espontaneidad" ya que los acusados no eran conscientes de que les estaban grabando cuando hablaban.

El juicio, que continuará mañana con la lectura de los informes de los abogados de los acusados, se tiene previsto concluya el próximo viernes.