Agentes de la Patrulla Fiscal Territorial (Pafite) de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife han levantado acta a los propietarios de tres embarcaciones náuticas que no han pagado impuestos tras la entrada de los barcos a puertos canario según recoge el Régimen Económico y Fiscal.
La primera de las denuncias ha caído sobre una persona que había adquirido un barco de nueve metros en el año 2008, valorado en 70.000 euros en Barcelona; la segunda había adquirido el barco de doce metros, en Alicante también en el año 2008, valorado en 60.000 euros; la última de las personas a las que se le ha abierto expediente administrativo, había adquirido el barco de 15 metros en Palma de Mallorca en la modalidad ''leasing'', por un periodo de 15 años, valorado actualmente en unos 200.000 euros, según un comunicado de prensa de la Guardia Civil.
Todos ellos habían traído las embarcaciones a Tenerife sin haber liquidado las cantidades obligadas por ley a la Administración Tributaria Canaria. Las cantidades defraudadas, (no abonadas a la Hacienda Canaria) ascienden a 7.800 y 6.000 y 26.000 euros respectivamente, tratándose de un 13 por ciento de IGIC defraudado en cada embarcación al no haber despachado el correspondiente documento aduanero.