El actor Sean Connery no acudirá a declarar ante el juez por el caso ''Goldfinger'', que investiga una presunta corrupción en la explotación de la promoción ''Malibú'' en Marbella (Málaga). El intérprete del espía 007 ha alegado motivos de salud para no presentarse en el Juzgado el viernes, día 15. En todo caso, el actor escocés se ha puesto a disposición del juzgado, que podría ir a interrogarlo a Las Bahamas. El caso en el que está implicado, junto a su mujer, habría supuesto unos beneficios de 53 millones de euros, de los que 37 salieron al extranjero. Un bufete de abogados que defiende los intereses del actor está relacionado con la trama ilegal.

Fuentes judiciales explicaron que el actor ha presentado un escrito, que se hace extensible tanto a él como a su mujer, en el que se alegan motivos de salud y de edad para no acudir a declarar desde su residencia habitual en Las Bahamas, y en el que se afirma además que se trata de una persona mayor y que no ha tenido tiempo de organizar el viaje. En todo caso, en el escrito Connery pide disculpas y se muestra a disposición del juzgado para lo que necesite. Las mismas fuentes indicaron que una de las posibilidades que contempla el juzgado para tomarle declaración es que se realice a través de una comisión rogatoria para trasladarse a Las Bahamas a interrogar al actor.

En todo caso, la investigación no ha llegado a conclusiones definitivas sobre la implicación de Connery. Según el auto del caso que instruye el juez Ricardo Puyol, "debido a la pantalla interpuesta por el despacho" de abogados, "es imposible conocer los beneficiarios últimos de la operación". Los investigadores indican como hipótesis la posibilidad de que el bufete "actúe como verdadero factor de los Connery en el negocio de la promoción objeto del estudio".

La investigación del caso parte en las indagaciones policiales sobre varios convenios urbanísticos, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara en 2006 una querella al analizar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el ayuntamiento de Marbella. En un primer momento se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde accidental, con la sociedad Malibú S.A. y con By the Sea, sobre los que se sustenta el complejo denominado Malibú. El Tribunal de Cuentas estimó un perjuicio para el Consistorio por estos convenios de 2,7 millones de euros.

Tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a varias operaciones en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados de Marbella, que, según los investigadores, "representa los intereses económicos" de Sean Connery y su mujer en Marbella.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONNERY, TRAS UN "ENTRAMADO" SOCIETARIO

Un informe de la Agencia Tributaria señala que este bufete habría representado esos intereses durante los años 90 con relación al chalé de su propiedad --Malibú S.A.-- y "más adelante mediante la prestación de sus servicios a la promotora By the Sea". En esta segunda fase, añade el informe, la participación del matrimonio en dicha sociedad "queda velada por el entramado societario organizado". "Debido a la pantalla interpuesta por el despacho, así como por la composición del accionariado, compuesto por sociedades radicadas en paraísos fiscales, hacen imposible conocer los beneficiarios últimos de la operación", señalan los investigadores, que planten la hipótesis de que el bufete "actúe como verdadero factor de los Connery en el negocio de la promoción objeto de estudio".

La Agencia Tributaria cifró en 53 millones de euros los beneficios de la explotación de la promoción Malibú, con 72 apartamentos de lujo situados en primera línea de playa. En esa operación se dan "indicios suficientes que hacen pensar en la comisión de diversos ilícitos penales", algunos ya investigados con anterioridad y otros nuevos como cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, según el informe.

Una conclusión de los funcionarios de la AEAT y de la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional es que "parte de los beneficios", incluyendo los importes de una posible defraudación que se investiga, "son transferidos al exterior", sobre todo a Reino Unido y Uruguay, siendo el total de "más de 37 millones de euros". Sobre el último país, se dice que está en la ''lista gris'' de paraísos fiscales.