Una nueva operación de la Guardia Civil contra la pornografía infantil a nivel nacional se saldó con un detenido en Santa Cruz de Tenerife. El acusado es un joven de 21 años, que fue arrestado por agentes del Equipo de Delitos Telemáticos (Edite) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia Provincial.

El individuo fue identificado como Y.D.D.D., vecino de la capital tinerfeña, a quien se le intervino material informático con casi 15.000 archivos de imágenes fotográficas y 890 vídeos de contenido pedófilo.

El joven santacrucero es uno de los 25 apresados en la "operación Mercadillo", que se desarrolló en 24 provincias e incluyó 49 registros domiciliarios.

Además de los detenidos, en la actuación también quedaron imputadas otras 21 personas por difundir archivos de contenido pedófilo a través de programas P2P de la red ARES.

Los funcionarios del Instituto Armado requisaron numerosos dispositivos informáticos de almacenamiento, como discos duros de ordenador, tarjetas de memoria, CD y DVD.

La investigación se inició hace un año y medio y se centró en la búsqueda de ficheros de pornografía infantil, que fueron descargados a través de programas de intercambio P2P de la red ARES existentes en diversos servidores.

Para llevar a cabo dicha búsqueda, los agentes se valieron de la nueva versión del buscador denominado "Nautilus", que se desarrolló por el Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para interceptar el trasvase de pornografía infantil en internet.

La red ARES, al igual que otras de las denominadas P2P, permite poner en contacto a un número prácticamente ilimitado de usuarios que deciden compartir ficheros, en este caso de pedofilia. El usuario de la red ofrece sus contenidos y puede acceder a los de otros individuos.

En el transcurso de las pesquisas, los agentes detectaron medio centenar de equipos informáticos en 24 provincias desde los que se difundía pornografía infantil.

Ante esta situación, la autoridad judicial acordó el desarrollo de los registros domiciliarios de forma coordinada en Almería, Asturias, Ávila, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Granada, Guipúzcoa, Jaén, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Sevilla, Soria, Tarragona, Tenerife, Toledo, Valencia y Vizcaya.

La selección de objetivos entre todos los usuarios identificados por compartir alguno de los vídeos de pornografía infantil se realizó en base a la jurisprudencia, que establece un número mínimo de ficheros pedófilos compartidos. En esta ocasión, el mínimo establecido fue de 10 vídeos compartidos con material pedófilo.

La investigación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid y desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el apoyo de grupos especializados en las 24 provincias.