“He perdido quince años de mi vida”. Así lo afirma Juan Antonio Hernández Arzola, paciente del Servicio Canario de Salud (SCS) desde el año 1998, momento en el que le diagnosticaron una desproporción maxilomandibular tipo II Angle.

Con una gran carpeta llena de papeles con diagnósticos y denuncias, Juan Antonio asegura que se mueve “a donde sea” para conseguir que se cumplan sus derechos como paciente. Y es que, desde que se enfrentó a una operación que nunca se llegó a completar, su vida se ha convertido en una contienda constante con la entidad pública y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para lograr que el tratamiento para sus problemas en la articulación temporo-mandibular (ATM) sea el más adecuado. A día de hoy, sigue luchando por que la sanidad pública le coloque unos implantes dentales, le suministre anualmente ácido hialurónico y le proporcione rehabilitación.

De estas tres cosas, solo una tiene visos de cumplirse, en parte porque no todas están incluidas en la cartera de servicios y en parte por las reticencias del propio paciente debido a las malas experiencias que ha sufrido en los hospitales canarios. “Para el proceso de rehabilitación de la ATM se ha derivado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria”, como explicó la Consejería de Sanidad. No obstante la propia consejería afirmó a este periódico en diciembre que tenía “previsto iniciar su tratamiento tras las fiestas navideñas”, algo que aún se demorará hasta el 10 de abril. Como su tratamiento de rehabilitación era “urgente”, el paciente acudió a una empresa privada por la que pagó 180 euros por ocho sesiones.

Por otra parte, la Administración asegura que “la colocación de implantes dentales no es una técnica incluida en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud de acuerdo al Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, que establece la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización y su última actualización recogida en la Orden SSI/1356/2015, de 2 de julio”. Por lo tanto, según la Consejería, no es financiada públicamente en ninguna parte del territorio nacional. Algo para lo que el paciente discrepa, ya que “está incluido para algunos pacientes”, como aquellos que padecen un cáncer. Sin embargo, el paciente asegura que “en su momento si se pagó, pero ahora según el director, no se puede abonar”.

La última de sus peticiones es la administración de ácido hialurónico, una terapia totalmente necesaria para evitar que los huesos de la mandíbula se rompan debido a la mala mordida. Si se llegaran a fracturar estos huesos, el paciente debería pasar por una operación “peligrosa que cuesta una fortuna” para ponerle discos de porcelana. Sin embargo, Juan Antonio tiene reticencias a que se lo realicen en el Hospital de La Candelaria, centro que Sanidad le ha recomendado para hacerse dicho tratamiento. Y las tiene porque, en el pasado, un médico de La Candelaria procedió a infiltrar toxina botulínica (botox) en lugar de ácido hialurónico, lo que le generó que la mandíbula se le quedara más rígida.

Sus problemas se remontan al año 2003, tras ser intervenido de osteotomía maxilar. Una vez operado quedó pendiente de realizar una mentoplastia que le retrasaron en el Servicio Canario de Salud, hasta el punto de tener que desplazarse hasta el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla para ser intervenido. A partir de ese momento, el hospital sevillano hace un seguimiento de su patología y comienzan sus problemas con la Administración canaria tras interponer contra ella por la que el SCS tuvo que indemnizar al paciente con 4.847,13 euros.

En 2009, el paciente empieza a sufrir problemas en el ATM bilateral, que trata con una férula de descarga pero que acaba luxandole el menisco y degenerándole el condilo derecho. Además, presenta dolor que se irradia al área auricular. En 2011, el paciente vuelve a pedir el traslado al Hospital del Rocío en Sevilla para tratarle su problema. Sin embargo, el SCS se lo deniega, incluso existiendo un informe médico del Hospital Universitario de Canarias que recomienda el traslado a Sevilla, ya que allí es donde se hacen infiltraciones con plasma. Consigue hacerlo en 2017.

A finales de 2018, requiriendo un tratamiento de implantología, pide un nuevo traslado a Sevilla, pues es ahí donde se encuentra su médico. No obstante, el SCS vuelve a insistir en que en España, este tratamiento no está incluido en la cartera de servicios públicos.

Además de la odisea a la que ha tenido que enfrentarse prácticamente toda su vida, Juan Antonio ha tenido que reclamar en varias ocasiones los gastos por desplazamiento en Sevilla. La Consejería de Sanidad afirmó a este periódico que todos ello está “siendo costeados los gastos de desplazamiento, dietas y atención sanitaria por el Servicio Canario de la Salud”, sin embargo en las denuncias del paciente se constata que siempre ha tenido que pelearlo porque, de lo contrario, esto también tendría que financiarlo de su propio bolsillo.