Hasta once bondades glosó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, en la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias durante la reunión informativa con los medios de comunicación para analizarla. Desde la garantía de los derechos de las personas o la actualización de servicios en un nuevo catálogo a la estabilidad del Tercer Sector, pasando por la transición de la PCI a la Renta Canaria de Inclusión (RCI), que mantiene las prestaciones más allá de los 24 meses si continúan las condiciones de dificultad de familias con menores a cargo.
Valido destacó "la unanimidad" en la aprobación y "el buen trabajo en el Parlamento" que demuestra la "preocupación general de los partidos por los ciudadanos más vulnerables" y el "umbral de la financiación con 56 millones anuales en 12 años desde este ejercicio. Una cantidad estudiada ". En este sentido consideró "razonable y aceptable la cuantía para las previsiones de coyuntura económica en dos o tres años. Luego habrá que ver porque si viene una crisis como la que pasamos hasta hace poco habrá que replantearse lo previsto". Pero, añadió, "con más de 200 millones de inversión en cuatro años están garantizadas las cuestiones fundamentales como la Historia Social, la RCI (año y medio de camino para su transformación desde la PCI), precios de los servicios, espacios comunes sociosanitarios, planes de Infancia y Discapacidad, prácticamente culminados...".
La consejera resaltó asimismo "la actualización de precios para adaptarlos a la realidad actual" y "la aportación económica a cabildos y ayuntamientos". Subrayó que la normativa "ordena las competencias y establece el marco jurídico para que los ayuntamientos puedan contratar más personal, equipos de profesionales de los servicios sociales superando el viejo debate sobre sus competencias".
Valido también señaló como muy positivo el hecho de abarcar todos los sectores: Discapacidad, Mayores, Dependencia, Infancia... O "la Historia Social Única, con un claro enfoque sociolaboral que se licitará próximamente con un coste de 2,5 millones de euros en dos años. Será una plataforma para compartir datos con ayuntamientos y cabildos, hacer un seguimiento, pero no sólo a las personas sino a las unidades de convivencia. Una hoja de ruta para cambiar la situación de vulnerabilidad a través del empleo".
Ve "clave" que el documento permita "agilizar gestiones y simplificar los trámites". También entiende "fundamental" la garantía de que "gobierne quien gobierne a partir de mayo se mantendrán las previsiones y ningún partido puede decir no me gusta la ley o no tengo dinero para ella".
Resaltó que "la intención es tejer una red de servicios sociales que impida que la gente caiga con recursos para que se pueda levantar y ayudarle a volver a una situación normalizada". La consejera valoró: "Que en crisis no haya recortes en una tierra frágil y fragmentada como Canarias donde el impacto es doble. Y todo lo que se pueda resolver que se resuelva en el primer nivel, los ayuntamientos".
Valido resumió: "Es una de las mejores leyes del Estado por los servicios que recoge. Sustituye a una norma obsoleta, propia de una realidad muy distinta a la actual. Un texto ambicioso y riguroso que responda a demandas y necesidades. Y muy participado. Una ley para bastante tiempo".
El Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el pasado día 26 la calificada como "norma más importante de esta legislatura", la nueva Ley de Servicios Sociales que la consejera del área, Cristina Valido, calificó en la propia cámara de "moderna, avanzada y garantista". Eso al definir el derecho de la ciudadanía a cubrir sus necesidades básicas como universal. Similar a la Justicia, la Sanidad o la Educación. "Una ley pensada por y para las personas y, en especial, aquellas con más vulnerabilidad" valoró Valido. La norma viene a sustituir a la anterior Ley 9/1987, de 28 de abril, ofreciendo nuevas soluciones a nuevos tiempos y "con la cartera de servicios más amplia de la historia de Canarias". Y consensuada con un amplio proceso de participación ciudadana, del Tercer Sector, de los colegios profesionales, Cabildos y Ayuntamientos.
Cristina Valido
CONSEJERA DE POLíTICAS SOCIALES