La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, mantuvo ayer una reunión con la secretaria de Estado de Políticas Sociales, Ana Lima, para reclamar la financiación de los 30 millones de euros correspondientes al Plan de Pobreza de Canarias de 2019. "Entendemos que al prorrogar el presupuesto deberían estar también disponibles en este año. Para mi sorpresa, no lo tienen claro. Dicen que este tipo de subvenciones nominativas y específicas no debemos entenderlas como prorrogadas de manera automática, aunque el presupuesto se prorrogue". No obstante, la consejera arrancó el compromiso de que se elabore un informe que pueda aclarar si estas cantidades deben prorrogarse automáticamente junto al presupuesto.
Valido también se informó de la situación en la que se encuentran los 18 millones de euros pendientes del presupuesto 2018 y que la ministra Carcedo se comprometió a resolver en la última reunión mantenida en Madrid. Lima aseguró a la consejera regional que, una vez finalizados los trámites de la Secretaría de Estado, están en manos de Hacienda. "En cualquier caso -resaltó Valido- he informado a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias para que esté en contacto frecuente con el Estado y se cerciore de que la autorización del gasto se produzca en el menor plazo de tiempo posible".
Canarias debería haber recibido el año pasado 30 millones para la lucha contra la exclusión social, pero solo han sido ingresados 12. En 2017 el Gobierno central también se retrasó, lo que generó problemas con los ayuntamientos.