Morirse en España sale como poco por unos 2.200 euros, pero para conseguir ese precio hay que morirse en Cuenca, porque si toca decir adiós en Vigo o en Barcelona la factura se va por encima de los 5.000 euros. El Congreso de los Diputados acaba de dar el primer paso para solucionar estos desfases.
El diputado del PDeCAT Ferrán Bel defendió hace dos semanas en la Comisión de Hacienda de la Cámara una proposición no de ley para rebajar al 10% el IVA de los servicios funerarios, situado en el 21% desde 2012. La iniciativa fue aprobada con el único voto en contra del PP.
Bel explica que lo mejor que le puede pasar al sector y a los usuarios es que haya una regulación en una actividad que en muchas ciudades tiende al oligopolio, cuando no al monopolio.
Los diputados coinciden en la necesidad de regular la actividad y armonizar precios
Durante el debate de la proposición, el diputado socialista José Javier Lasarte dio un dato revelador: el 49% de los municipios españoles cuenta con menos de dos operadores por cada 100.000 habitantes. En Cataluña la situación es aún más acuciante: el 82% de las localidades de más de 20.000 habitantes dispone solo de una empresa.
La Asociación Española de Servicios Funerarios precisa en su informe de 2015 que el sector suma 1.435 operadores, de los que solo cinco facturan por encima de los 50 millones de euros. Estas empresas abarcan más del 20% del mercado.
Un informe de 2013 de la Organización de Consumidores y Usuarios detallaba cuánto costaban los servicios funerarios en las capitales de provincia. Cuenca (2.261 euros), Santa Cruz de Tenerife (2.397), Las Palmas (2.662) y Málaga (2.665) eran las más baratas, y Ciudad Real (4.784), Vigo (5.179), Tarragona (5.323) y Barcelona (6.441), las más caras.