El Gobierno y el PSOE firmaron ayer un acuerdo para reformar de forma urgente la ley del sector y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares "extremadamente vulnerables", a la vez que cerraron un nuevo modelo de financiación para el bono social.

Tras semanas de negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, presentó ayer junto al portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, un acuerdo para cerrar la financiación del bono social, así como medidas para avanzar en la protección de hogares "extremadamente vulnerables". Todo un desarrollo normativo que se prolongará durante unos tres meses.

En el primer punto se espera aprobar este viernes o el próximo un Real Decreto Ley que recoja el reparto del coste del bono social -unos 200 millones al año- tras la sentencia del Supremo, que tumbó el modelo anterior.

El nuevo modelo repartirá el coste -un descuento del 25 % en la factura de determinados colectivos- entre todas las comercializadoras eléctricas, lo que supone ampliar el número de empresas que deberán pagarlo, aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres grandes -Endesa, Iberdrola y Gas Natural- por su sus cuotas de mercado.

Junto a esta reforma del modo de pagar el bono social, el Gobierno y el PSOE han pactado otra serie de cambios que se irán desarrollando en los próximos meses en el marco de esa reforma de la ley del sector eléctrico.

Para empezar, que tener ese bono social esté ligado a criterios de renta y que, con los fondos aportados por las eléctricas, también se pueda hacer frente a una parte de las facturas impagadas por consumidores "extremadamente vulnerables" y que ahora corren a cargo de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

Junto a esto se deberán definir bien los consumidores vulnerables, y también esos "extremadamente vulnerables", y desarrollar los reglamentos para prohibir los cortes de luz con la introducción de ese principio en el artículo 42.J de la ley del sector eléctrico.

Nadal recordó ayer que hay 2,6 millones de hogares (7 millones de personas) que reciben el bono social, y un porcentaje menor calificado de "extremadamente vulnerable", atendido por los servicios sociales.

No hay cifras cerradas todavía sobre el número de personas al que podría proteger esta medida, así como el coste que supondrá ponerla en marcha.