El Gobierno y las comunidades autónomas pidieron ayer a la farmacéutica Grünenthal Pharma que indemnice a las víctimas de la talidomida en España, como ha hecho en otros países, al margen de las sentencias judiciales sobre el caso. El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, lo anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en la que se aprobó "una declaración de apoyo" a las víctimas. El pasado 23 de septiembre, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de las víctimas de la talidomida y les negó la indemnización que reclamaron a la farmacéutica que comercializó este medicamento para embarazadas, y que causó malformaciones a miles de niños hace casi sesenta años.

El Consejo aprobó la primera Estrategia Nacional para Personas sin Hogar 2015-2020, colectivo que ha experimentado un aumento del 30 por ciento durante la crisis hasta alcanzar las 23.000 personas, de las cuales un 35 por ciento duerme en la calle.

En su intervención, el ministro mostró su preocupación por la evolución del perfil de las personas sin techo, entre las que hay más jóvenes, más mujeres, más mayores de 45 años y más población extranjera no comunitaria, sobre todo, procedente de países africanos, y que esta situación se hace crónica en muchos casos.

Cada seis días en España muere una persona sin hogar en un espacio público, precisó el ministro, quien señaló que la estrategia establece pautas de actuación política y social para todas las administraciones. La estrategia concretará la acción presupuestaria en cada uno de los planes posteriores y a la vista de los recursos disponibles, apuntó.

El documento contiene un conjunto de medidas basadas en la defensa de los derechos humanos y sociales de estas personas, la unidad de acción, la prevención, la actuación temprana y la orientación de soluciones hacia la disposición de una vivienda.

Busca caminos innovadores, a partir de la experiencia internacional, y traslada a las administraciones autonómicas y locales soluciones para ofrecer una vivienda a las personas sin hogar, dentro de un amplio programa de acompañamiento social.

Además, tal como reclamaban varias comunidades de la oposición, el ministro confirmó la creación de un grupo de trabajo para la evaluación global de la ley de dependencia, que sirva de preparación para "un gran debate político" que pueda dar impulso a "un pacto de Estado" sobre esta cuestión en la próxima legislatura.

El grupo de trabajo pretende hacer un análisis en profundidad del sistema de dependencia, más allá de las evaluaciones anuales de la aplicación, sin cerrarse a ninguno de los aspectos, ni los más polémicos, como la financiación.

Para Alonso, la atención a la dependencia se enfrenta a nuevos retos relacionados con la financiación y la participación de los usuarios, algo que recoge la ley. Las comunidades gobernadas por la oposición reprochan al Gobierno que dejara de cumplir con la obligación de aportar la mitad de los recursos de la dependencia.

las claves

El Consejo Territorial de Servicios Sociales acordó ayer reclamar las ayudas para los afectados por las malformaciones causadas por el fármaco vendido por la empresa Grünenthal Pharma.

El Tribunal Supremo rechazó el pasado 23 de septiembre el recurso interpuesto por las víctimas y les negó la indemnización que reclamaron, después de sufrir los problemas físicos desde hace casi sesenta años.