Casi cuatro de cada diez dependientes -el 37 %- están esperando prestaciones o servicios a los que tienen derecho, según un informe de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales que evalúa la implantación de la ley tras la incorporación de los beneficiarios moderados el pasado mes de julio.
Tras ocho años y medio de aplicación de la ley de dependencia concluye su implantación con la incorporación al sistema de estos dependientes de Grado I, que elevan a 445.264 los beneficiarios que todavía no reciben ninguna atención.
La asociación recuerda que desde 2012, más de 100.000 personas han fallecido mientras esperaban que se les aplicara la ley.
El último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado hoy por esta organización, analiza por comunidades autónomas el grado de implantación de la ley, que denuncia ha sido desigual, y plantea la necesidad de aprobar un pacto de Estado "que replantee el modelo de financiación autonómica" del sistema.
Castilla y León, Cantabria y País Vasco, se sitúan a la cabeza de las regiones con mayor porcentaje de personas atendidas sobre el total de la población, mientras que Comunidad valenciana, Baleares y Canarias, están a la cola.
Respecto a la lista de espera, Aragón, Galicia y Andalucía son las regiones con más personas pendientes de atención, mientras que Castilla y León, Ceuta y Melilla y Madrid, las que menos.
Con los datos del Sistema de Información del Imserso a 30 de junio, el dictámen recuerda que hay 1.191.406 personas en situación de dependencia reconocida, es de decir 25 de cada mil españoles necesitan apoyo para realizar las actividades básicas de la vida diaria en mayor o en menor medida.
En concreto, 411.235 personas tienen Grado I (dependencia moderada), 435.130 son de Grado II (dependencia severa) y 345.041 de Grado III (gran dependencia).