El Pleno del Congreso aprobará definitivamente hoy la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los propietarios de viviendas declaradas ilegales por los tribunales deberán percibir una indemnización antes de proceder al derribo de sus casas.

Esta medida fue incorporada al proyecto de ley mediante una enmienda transaccional en el Senado que señala que el juez o el tribunal que ordene la demolición exigirá, como condición previa y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, "la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones a terceros de buena fe".

Así, este cambio se suma a otro incorporado ya en la reforma del Código Penal, para paralizar los derribos de viviendas ilegales en la zonas costeras hasta que los propietarios tengan asegurado el cobro de indemnizaciones.

En líneas generales, la reforma del Poder Judicial supone una nueva rectificación de las políticas del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, puesto que modifica el modelo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobado hace un año y medio en el proyecto impulsado por el exministro.

Al respecto, el texto eleva de cinco a siete los vocales asignados a la Comisión Permanente del CGPJ, elimina la obligatoriedad de que una mujer presida la Comisión de Igualdad e introduce la paridad para este órgano, pero no para el resto de comisiones del Consejo.

Pero también obliga a todos los miembros del CGPJ a realizar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares.

Además, modifica la composición y funcionamiento del gabinete técnico del Tribunal Supremo, como así solicitó el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, y suprime las categorías de jueces y fiscales eméritos en todos los órganos colegiados en 2017, si bien los magistrados podrán prolongar voluntariamente su jubilación forzosa de los 70 a los 72 años.

El texto permite al CGPJ adscribir al juez que esté conociendo de una causa compleja otros jueces o secretarios judiciales para realizar exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento.

Asimismo, la reforma contempla medidas de especialización temporal de juzgados y de reequilibrio de la carga de trabajo de juzgados limítrofes o de una misma región así como medidas para que el juez de Violencia sobre la Mujer mejore la protección a la víctima.

El proyecto modifica la denominación de los secretarios judiciales que pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia y modifica los Institutos de Medicina Legal para convertirlos en órganos multidisciplinares para ofrecer una atención integral.