Delegados sindicales de las federaciones de la enseñanza de CCOO, UGT, CSI-F y la Confederación Intersindical Galega (CIG) se concentrarán hoy y mañana ante los rectorados de las universidades públicas en protesta por el real decreto ley que permitirá implantar grados de tres años.
"No más reformas impuestas sin consenso con la comunidad educativa" o "No al 3 más 2 que encarece los estudios universitarios y expulsa al alumnado con menor poder adquisitivo" son algunos de los eslóganes que las organizaciones convocantes esgrimen en su convocatoria.
Estos sindicatos de docentes rechazan la próxima aprobación por parte del Gobierno del real decreto por el que se modifica la duración de las carreras, que podrán ser de tres años de grado más dos de máster, además de las actuales de cuatro años más uno de posgrado.
No ha habido "debate político ni social" sobre este tema, según han señalado en un comunicado conjunto, ni tampoco ha habido "una evaluación de la implantación de la última modificación legislativa", en referencia a los cambios que introdujo en 2007 el Plan Bolonia.
La nueva estructura de grado y máster "reducirá en un 25 % los títulos de grado, empeorando la calidad docente y abriendo las puertas a nuevos recortes en profesorado", señalan.
También sostienen que la reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios y la previsible pérdida de alumnos tendrán un impacto negativo en la financiación de las universidades públicas y darán lugar a una "reconversión del sector" que "beneficiará" a las universidades privadas.
Además, las organizaciones sindicales han criticado en general la reforma universitaria del PP, que incluye reales decretos que modificarán la ordenación de las enseñanzas universitarias, los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado funcionario.
El Ministerio de Educación defiende la reforma porque, a su juicio, permitirá que las carreras universitarias en España tengan características parecidas a las que ofrecen la mayoría de las instituciones académicas europeas, un argumento que ha sido puesto en duda por el Consejo de Estado en un reciente dictamen.