Profesionales del ámbito de la salud, educación y servicios sociales han creado una alianza, a la que se van a incorporar organizaciones ciudadanas, para proponer las reformas necesarias que garanticen los pilares del Estado del Bienestar y reclamar una gestión pública basada en la eficacia.

La alianza está integrada por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas y los colegios oficiales de Licenciados en Educación física y deporte, filosofía y letras y ciencias, educadores sociales, enfermeros, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, pedagogos y logopedas, así como el Consejo General del Trabajo Social, entre otras.

Durante la presentación de esta plataforma, que se ofrece para asesorar al Gobierno y mejorar el diálogo social, se han reclamado medidas estructurales para garantizar la sostenibilidad del Estado de Bienestar, que podría verse comprometido "con la incorporación en 2020 de la generación del baby-boom al colectivo de mayores de 65 años", ha alertado el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), José Antonio López Trigo.

"Es necesaria una nueva gestión pública basada en la eficacia, eficiencia y transparencia; el 80 por ciento del gasto sociosanitario se podría paliar si se cambian los hábitos de vida y se invierte en prevención", ha señalado Manuel Garrote, del Colegio Oficial de Médicos.

Desde la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, Carlos Macaya ha planteado la necesidad de suscribir pactos de estado en salud, educación y servicios sociales para superar "las desigualdades" generadas por las comunidades autónomas en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.

En este sentido, el responsable de los geriatras ha opinado que se están dando situaciones que "rayan lo anticonstitucional porque genera desigualdad el hecho de que según el lugar de residencia se reciba distinto nivel de atención social".

La responsable del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, ha reclamado una ley de participación ciudadana, que permita opinar a los expertos y la ciudadanía sobre las medidas que se acuerden.

"Prevenir en educación, sanidad y servicios sociales es ahorrar dinero; los responsables políticos deben verlo como una inversión social que genera riqueza y empleo, pero no como un gasto", ha añadido.

La vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández, ha defendido "la despolitización de la gestión sanitaria y de los servicios sociales", para que quede en manos de los profesionales.

"Ponemos a disposición del Gobierno la mejor gente, con los mejores conocimientos y de forma gratuita", ha dicho el doctor Alfredo Bohórquez, de la SEGG -promotora de la iniciativa- para plantear soluciones, "porque la sociedad civil también es Estado".

Las organizaciones científico-profesionales y ciudadanas creen que tienen el compromiso y la responsabilidad de mejorar los canales de participación estructurales con el Estado y ser un agente social plenamente reconocido.

La Alianza apoya reforzar las leyes de sanidad y educación, el sistema de pensiones y aprobar una nueva ley Orgánica de Servicios Sociales.

Alicia Martín, del Colegio de Licenciados en Educación Física y Deporte, ha propuesto reforzar el papel de los agentes sociales "para colaborar de forma más eficiente con el estado y los grupos políticos en la realización de propuestas basadas en el conocimiento y la experiencia".