La ley sobre cultivos transgénicos aprobada hoy por el Parlamento Europeo es una "amenaza" para la agricultura española con la entrada "masiva" de estos cultivos, según organizaciones ecologistas, agrarias y de consumidores.
La nueva legislación permitirá a los países de la UE restringir o prohibir los cultivos que contengan organismos genéticamente modificados en sus propios territorios.
Hoy un gran número de Estados miembros, como Francia y Austria, cuentan con medidas nacionales contra el cultivo de transgénicos que, sin embargo, están autorizados a nivel europeo, lo que crea ciertas dificultades legales.
Las nuevas reglas permitirán prohibirlos por motivos de política ambiental diferentes a los riesgos para la salud o el medioambiente citados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.
Según una nota de Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción y la Plataforma de Andalucía Libre de Transgénicos (PALT), la norma hoy aprobada va a repercutir negativamente en el sector agrícola español con la entrada masiva de cultivos transgénicos.
España es el país de la Unión Europea con más superficie de cultivos transgénicos, "muy por encima de los otros cuatro Estados (República Checa, Eslovaquia, Rumanía, y Portugal) que producen comercialmente organismos modificados genéticamente".
Según apuntan estas organizaciones hay un único cultivo transgénico permitido en Europa, el maíz transgénico MON810 de Monsanto, pero con esta nueva ley, "el Estado podría abrir la puerta a muchas más variedades".
La decisión final de aceptar la propuesta sitúa a España en "una posición muy vulnerable", porque "la ley agilizaría la tramitación de autorizaciones de nuevos transgénicos a nivel europeo".
En España esto significaría "la entrada masiva e incontrolada de cultivos transgénicos, la contaminación transgénica de la cadena alimentaria y la ruina del sector de la agricultura ecológica".
Las organizaciones firmantes instan al Gobierno español a tomar medidas para "prohibir definitivamente" este cultivo y rechazan que, como dice el nuevo texto, "los Estados tengan la obligación de pedir permiso a las empresas biotecnológicas para tomar una decisión sobre los cultivos transgénicos en sus territorios".
Añaden que se corre el peligro de crear una Europa "a dos velocidades" en la que los Estados "más sensibles ambientalmente tendrán la posibilidad de prohibirlos" en su territorio, mientras que otros "darán vía libre a la entrada de nuevas variedades transgénicas".
La directora de Amigos de la Tierra España, Liliane Spendeler, ha señalado que, "a pesar de la situación de España, ésta es una gran oportunidad para que el Gobierno cierre la puerta a los cultivos modificados genéticamente, y para encaminar nuestra agricultura hacia un enfoque más sostenible".
También ha insistido en que "el Gobierno de España siga la línea de los países europeos y represente de verdad a la ciudadanía y no a la industria biotecnológica, rechazando completamente el cultivo de transgénicos en el país".