Asociaciones antiabortistas han reclamado hoy al Gobierno que agilice la tramitación de la nueva ley de interrupción del embarazo y advierten de que si no cumple su compromiso electoral de reformar la ley pondrán en marcha "una campaña de alta intensidad que pondrá en evidencia al Ejecutivo".

Derecho a Vivir saldrá a la calle el próximo 21 de septiembre bajo el lema "SOS. España: 300 muertos al día. No más plazos sin cumplir. Derogación del aborto ya" en medio centenar de ciudades españolas, ha destacado su portavoz, Gádor Joya, quien ha opinado que no hacerlo sería una "traición" a su electorado.

"Este domingo pediremos a Rajoy que dé la cara y cumpla con su promesa electoral", ha dicho la representante de Derecho a Vivir, quien ha señalado que el día de la V Marcha por la Vida "acaba el último plazo comprometido por el Gobierno" para poner en marcha la tramitación de la ley de protección del concebido y de la mujer embarazada.

En un encuentro informativo para detallar esta iniciativa, Joya se ha dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante las informaciones de que "se habría tomado ya la decisión de descartar la tramitación de una nueva legislación que proteja mejor los derechos del concebido y de la mujer embarazada en contra de lo prometido en su programa electoral".

"El silencio del señor Rajoy es un desprecio a los españoles que quieren saber qué piensa hacer con la ley del aborto".

La plataforma ha mostrado un vídeo titulado "Promesas incumplidas", en que se recuerda cómo el presidente del Gobierno aseguraba que "el programa electoral no es un puñado de promesas" y que "ya no es tiempo ni de anuncios, ni de rectificaciones, ni de excusas".

Rajoy "ha preferido ceder ante determinadas presiones internas y externas antes que ser fiel a su base social, que le dio su confianza en las urnas", ha añadido.

Además, la organización MásVida ha presentado un informe de la magistrada de la Audiencia de Madrid y miembro de la Junta Directiva, Teresa Fernández de Córdoba que apoya el anteproyecto de ley de protección del concebido y derechos de la mujer embarazada presentado por el Ministerio de Justicia.

Considera que es "un paso adelante en la obligada defensa constitucional del derecho humano y fundamental a la vida del concebido y no nacido, y de apoyo a la mujer embarazada en su verdadero derecho, que lo es, a la maternidad".

Por ello, reclama al Gobierno que agilice la aprobación de la nueva ley, que derogaría la actual legislación de interrupción del embarazo "por resultar claramente anticonstitucional" y contraria a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La juez analiza los informes emitidos por el Consejo Fiscal y por el Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto defendido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y rechaza sus argumentos sobre la protección del nasciturus.

"Solicitamos no sea aceptada la teoría de que la inviabilidad del feto en el supuesto de anomalía fetal incompatible con la vida no ostenta la condición de "nasciturus" ni puede beneficiarse de la protección constitucional", añade la magistrada y miembro de la Junta Directiva de esta organización.

Defiende que en los supuestos de anomalía fetal incompatible con la vida, "debe de tenerse en cuenta que existe en todo diagnóstico médico un margen de probabilidad de error, de lo que se debe informar y asesorar debidamente a la mujer, porque si se obvia, se condenaría sin debido conocimiento y consentimiento, ni posibilidad de vuelta atrás en muchos casos, a la muerte de un niño sano".

La organización antiabortista plantea que se mantenga la intervención de un juez en las embarazadas menores de edad y que no se permita en estos casos legalmente la dispensación de la píldora del día después.