Usuarios y abogados expresaron ayer a las puertas de las principales sedes judiciales su indignación por la subida de las tasas judiciales para recurrir a los tribunales por considerar que limitan el acceso de los pobres a la justicia.
En Madrid y en Valencia, algunos ciudadanos rechazaron el incremento de las tasas judiciales, en tiempos de crisis, mientras que, en Barcelona, la oficina de registro trabajó con normalidad, después de vivir el pasado miércoles una actividad "frenética", al publicarse en el Boletín Oficial del Estado la ley que las regula.
En los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, una ciudadana llamada Jacinta Santos estimó que, con esta subida de tasas, van a denunciar los "poderosos" porque los que no tienen dinero seguramente no podrán hacerlo.
Otro usuario, Juan Jiménez, se mostró de acuerdo con ella en que los pobres no pueden denunciar ni una multa y se preguntó quién podrá pagar las tasas judiciales.
Por su parte, otro ciudadano llamado Francisco explicó que en asuntos de pequeña cuantía puede que haya que pagar más de tasas que lo que se esté discutiendo en el procedimiento, con lo que "el particular lo va a pensar mucho antes de meterse en un pleito".
"Al final, solo habrá pleitos de empresas a las que les da igual pagar 500 ó 1.000 euros más en una reclamación, mientras que al particular no le va a dar igual", pronosticó Francisco.
En su opinión, con la ley de tasas judiciales, "no se está respetando el principio de igualdad, sino que se está favoreciendo más a unos que a otros o se está poniendo cortapisas a unos para que no accedan a la justicia".
En la Ciutat de la Justicia de Barcelona, la oficina de presentación de demandas trabajó con normalidad después de que el pasado miércoles se formaran largas colas frente a la ventanilla para la presentación de demandas, donde un solo funcionario se vio desbordado de trabajo sobre todo hacia el mediodía, dado que abogados y procuradores presentaron sus escritos para librarse de las tasas, según fuentes judiciales.
Ese mismo funcionario sellaba ayer las pocas demandas entrantes en la oficina sin poder dar respuesta a la pregunta formulada por la mayoría de abogados y procuradores, que quieren saber cuándo y de qué forma se les cobrará la tasa judicial, teniendo en cuenta que aún no están disponibles los impresos oficiales para formalizar el pago del impuesto.
En la Ciudad de la Justicia de Valencia, el parecer general de los abogados es que la nueva normativa va a dificultar el acceso a la justicia de las personas y que se pretende "desatascar" los juzgados en función de criterios económicos, según el letrado José Alberto Pizcueta.
De la misma opinión de este profesional fue el abogado Isidro Tomás, que señaló que la gente "ya está bastante mal en estos tiempos" para que le impongan unas tasas que "vulneran totalmente el derecho a una tutela judicial efectiva" y que mucha gente "no va a poder asumir".
La indignación también era evidente en ciudadanos como Francisco Ballester que consideró que con esta nueva normativa se limita el acceso a la justicia a los pobres o como María Paz Gómez, que pide que se "empiecen a quitar" dinero la gente que está en el poder y dejen de cargar las tintas sobre el ciudadano de a pie.
Por otro lado, el PSOE anunció que va a emprender una ofensiva judicial, parlamentaria y ciudadana para obligar al presidente Mariano Rajoy a "rectificar" la Ley de Tasas Judiciales, porque consideran que es la "peor" ley que ha aprobado su Gobierno.
En el frente judicial, los socialistas van a recurrir al Tribunal Constitucional; en el Congreso registraron ayer una serie de once proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de tasas y en la calle estarán "con los ciudadanos en cualquier iniciativa" que emprendan.
"Vamos a denunciar continuamente los efectos nocivos, el impacto negativo de una ley que no tiene nada que ver con la crisis ni con el ahorro económico; es pura ideología, de la peor ideología de la derecha", advirtió ayer la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez.