"Esto será como la justicia del Far West". Así de explícito y sintético se muestra el decano del Colegio de Abogados de Tenerife, Víctor Medina, ante las nuevas tasas del Ministerio para numerosas reclamaciones y recursos jurídicos de cualquier ciudadano. En su opinión, se trata de una decisión desacertada que dificultará el acceso y el uso de la justicia por la población media o sin elevados recursos, lo que puede derivar en que se vuelva a la resolución de conflictos como en el Lejano Oeste.
Medina subraya que, tras el consenso constitucional logrado en España respecto a la justicia, las controversias siempre se han resuelto "con un juez independiente y de forma civilizada y sensata". Sin embargo, considera que la medida del Gobierno del PP "rompe con ese acuerdo social logrado desde la Constitución y supone una ruptura del modelo de justicia que nos hemos dado hasta ahora".
"Todo lo que sea alejar la justicia del ciudadano es algo malo; se hará mucho más elitista. En muchos casos, costará más un recurso de casación o de apelación que ciertas sanciones o resoluciones". Según destaca, un recurso de casación supondrá unos 1.000 euros, uno de apelación, 800, y una simple reclamación, en torno a 300, lo que hará que muchos renuncien.
En su opinión, esta medida tampoco permitirá desbloquear y agilizar el sistema "porque lo que hace a la justicia un proceso lento es un problema estructural". Respecto a la desaparición de partidos judiciales en Tenerife, tal y como se ha apuntado respecto a los de Icod, el Puerto, Granadilla y hasta La Orotava y La Laguna, es mucho más cauto, "pues aún no hay nada concreto ni definitivo, ni siquiera una propuesta clara".