La empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y que está participada al 50% por Endesa e Iberdrola, agotó el plazo para pedir la prórroga de la central, que finalizó la noche del miércoles a las 24:00 horas, sin presentar la solicitud ante la falta de datos sobre la reforma energética que proyecta el Gobierno central.
No obstante, en un comunicado hecho público ayer, Nuclenor reiteró que la planta reúne los requisitos técnicos de "seguridad y fiabilidad", avalados por el Consejo de Seguridad Nuclear, para seguir funcionando y solicitar la renovación del permiso, una vez se aclaren las "incógnitas que pueden afectar a su viabilidad económica".
Nuclenor solicitó el pasado 14 de agosto al Ministerio de Industria que se retrasara el plazo para poder presentar la solicitud de renovación y el 3 de septiembre pidió información para "despejar las incertidumbres regulatorias que rodean el futuro de la central de Garoña de cara a poder tomar una decisión que justificara el retorno de la inversión que esta tendría que llevar a cabo".
En este sentido, la empresa propietaria de Garoña calculó en unos 120 millones de euros la inversión que debería realizar para que la planta siga funcionando, en cumplimiento del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear y los planes de modernización permanente.